El Gobierno Nacional prevé que en noviembre se hayan girado $4,2 billones para cubrir los subsidios al consumo de energía correspondientes al año en curso. El anuncio fue presentado por el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, durante un balance ante la Comisión Primera del Senado.
Además de los subsidios habituales, el Ejecutivo definió un paquete de $1,5 billones en liquidez adicional, destinado principalmente a las generadoras térmicas para garantizar la oferta eléctrica ante la disminución del nivel de los embalses.
De esos recursos extraordinarios, $300.000 millones fueron desembolsados en septiembre. Los $1,2 billones restantes dependen de la aprobación del proyecto de ley 280 de traslado presupuestal, que avanza con mensaje de urgencia en el Congreso.
Hacienda pide acelerar el trámite
Betancur pidió a los congresistas agilizar el debate de la iniciativa y aseguró que el traslado no implica mayor endeudamiento ni un aumento del déficit. Según explicó, se trata de reasignar partidas presupuestales que no han sido ejecutadas.
Para atender la contingencia energética, el Gobierno solicitó elevar la apropiación del sector para 2027 de $2,8 billones a $5,8 billones, después de pedir al Congreso $3 billones adicionales. A esa cifra se suman $3,9 billones habilitados para atender emergencias, incluida la mitigación de El Niño, para un total de $9,7 billones dispuestos.
El Gobierno advierte problemas estructurales
El viceministro señaló que las medidas financieras son paliativas y no resolverán los problemas estructurales del sector. Para ello, mencionó la necesidad de revisar la gobernanza, los contratos de largo plazo y las pérdidas no técnicas.
También afirmó que el país enfrenta una multicrisis que incluye seguridad, salud, energía y finanzas públicas. En su diagnóstico, la crisis energética tiene una raíz técnica y los problemas fiscales son una consecuencia, aunque reconoció que la situación fiscal afecta la sostenibilidad del sector.
Según el funcionario, los gastos del Gobierno Nacional superan sus ingresos en $11 billones mensuales. Además, actualmente uno de cada tres pesos recaudados en impuestos se destina al pago de la deuda pública, frente a uno de cada seis hace una década. Sin ajustes fiscales e iniciativas legislativas, esa proporción podría llegar a uno de cada dos pesos en los próximos tres años.