Foto: This image was sourced from the Flickr gallery of the National Police of Colombia. / Wikimedia Commons
Entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de octubre de 2026, la Policía Nacional destituyó a 1.751 uniformados por hechos de corrupción, según información de la Inspección General conocida mediante un derecho de petición. La cifra representa, de acuerdo con el informe citado, un caso por día durante ese periodo.
Las revelaciones provocaron reacciones de expertos en seguridad, quienes plantearon reforzar los mecanismos de control dentro de la institución y revisar los procesos de selección, formación e investigación del personal.
Revisión de la selección y la inteligencia
El analista político y experto en seguridad Jairo Libreros calificó la corrupción como “un cáncer terminal que socava la legitimidad de las democracias”. Al mismo tiempo, pidió valorar la capacidad de control disciplinario de la Policía para sancionar conductas y contribuir a la seguridad ciudadana.
Libreros también consideró necesario ajustar los procesos de selección e incorporación en las escuelas de formación policial. A su juicio, el debilitamiento de las capacidades de inteligencia y la pérdida de competencias en contrainteligencia y retiro discrecional han tenido efectos sobre la institución.
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, advirtió que los casos reconocidos por la Policía podrían representar solo una parte del problema, debido a que algunos ciudadanos no denuncian por miedo o porque creen que sus reportes no tendrán consecuencias.
Acero propuso mejorar la selección y capacitación del personal, sin reducir los tiempos de formación como una forma de acelerar el proceso. También planteó recuperar el trabajo de la Policía con las comunidades y promover la participación ciudadana.
Entre las recomendaciones mencionadas están ofrecer garantías a quienes denuncien, fortalecer el control social organizado y mejorar la contrainteligencia y las investigaciones internas de la institución.