La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez a seis años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 38 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.
La sentencia atribuye al exmilitar responsabilidad en calidad de superior por hechos relacionados con homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas y torturas, entre otras conductas. Figueroa Suárez comandó el Batallón de Artillería La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005.
La pena deberá cumplirse en un establecimiento de reclusión especial. Durante una audiencia restaurativa realizada en Valledupar el 27 y 28 de agosto, el coronel retirado reconoció su responsabilidad en 24 hechos y pidió perdón por las muertes, las desapariciones, las torturas y la estigmatización sufrida por las víctimas y sus familias.
Las obligaciones restaurativas ordenadas por la JEP
Además de la prisión, la JEP impuso once obligaciones restaurativas orientadas al esclarecimiento y la reparación. Figueroa deberá entregar documentos operacionales relacionados con los asesinatos y reconocer públicamente que las víctimas no pertenecían a grupos armados.
También tendrá que participar en acciones para dignificar el buen nombre de las víctimas y preservar la memoria de lo ocurrido. La sentencia le exige aportar información que permita localizar e identificar a personas desaparecidas, así como contribuir al esclarecimiento de los crímenes y de quienes pudieron intervenir en ellos.
El fallo contempla medidas específicas para reparar y dignificar a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, afectados en sus dimensiones individuales y colectivas, culturales y espirituales por los hechos investigados.
Entre las medidas también está la entrega de las medallas, el escudo de armas y otras distinciones que recibió Figueroa Suárez al finalizar su gestión al frente del batallón. Además, deberá participar en un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.
Con esta decisión, la JEP combina la privación de la libertad con compromisos dirigidos al reconocimiento de las víctimas, la reconstrucción de la memoria y el esclarecimiento de los hechos.