La seguridad privada en Colombia enfrenta un aumento acumulado cercano al 30 % en sus costos durante un periodo de 12 meses. El incremento está relacionado con el salario mínimo de 2026, los cambios en la jornada laboral y la remuneración de horas extras, dominicales, festivas y nocturnas.
Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad, explicó que el impacto también alcanza a los usuarios porque las tarifas del servicio están reguladas e indexadas al salario mínimo. Por esa razón, las empresas no pueden fijar libremente los precios y tienen una capacidad limitada para absorber aumentos de esta magnitud.
La jornada laboral pasó progresivamente de 48 a 42 horas semanales. Este cambio, junto con los ajustes salariales y los recargos, elevó los costos de operación de una industria cuyos servicios son contratados por entidades públicas, comercios, industrias y conjuntos residenciales.
Conjuntos buscan reducir costos con tecnología
En el segmento residencial, algunos usuarios han complementado los turnos de vigilancia con cámaras y sistemas de monitoreo. Otros han optado por reemplazar por completo al personal humano, una decisión que Fedeseguridad considera riesgosa.
Garavito señaló que el gremio ha recibido reportes, particularmente relacionados con información de la Policía, sobre aumentos en los hurtos a residencias donde se tomó esa medida. Según explicó, un vigilante puede interpretar comportamientos y situaciones del entorno que una cámara convencional no identifica por sí sola.
La presidenta de Fedeseguridad sostuvo que la inteligencia artificial puede ampliar las capacidades de los sistemas de vigilancia, pero recordó que no todas las cámaras cuentan con esa tecnología y que su implementación requiere inversiones que no están al alcance de todos los usuarios.
El gremio también llamó la atención sobre la contratación de servicios irregulares. En Colombia, la vigilancia y la seguridad privada deben ser prestadas por empresas autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
La dirigente advirtió que un conserje no puede asumir automáticamente las funciones de un vigilante, pues estas requieren formación, cursos y entrenamientos específicos. Las consecuencias legales pueden recaer tanto en quien ofrece el servicio irregular como en quien lo contrata.
Fedeseguridad recomendó verificar las autorizaciones de las empresas, las condiciones laborales de los vigilantes y las características del servicio. También pidió desconfiar de descuentos excesivos, porque pueden estar relacionados con incumplimientos salariales, falta de dotación o ausencia de supervisión.
El gremio propone mayor coordinación con la Policía
Garavito planteó fortalecer la cooperación entre las empresas privadas y las autoridades en espacios públicos, zonas turísticas, parques, malecones y eventos masivos. La propuesta, aclaró, no busca trasladar las responsabilidades de la seguridad pública al sector privado.
Como referencia, indicó que en Colombia hay, en promedio, dos vigilantes por cada policía. La relación cambia en las principales ciudades: según sus cifras, en Bogotá hay diez vigilantes por cada integrante de la Policía y en Medellín cuatro.
La dirigente mencionó experiencias de cooperación en Chile, Perú y algunas zonas de Ciudad de México. En el caso chileno, destacó la articulación entre centros de monitoreo y autoridades para recibir información de cámaras instaladas por particulares y empresas.
Fedeseguridad pide actualizar la regulación
El gremio considera que la regulación del sector, expedida en 1994, no responde a las condiciones actuales de seguridad ni a las nuevas herramientas tecnológicas. Según Garavito, existen 64 tipos de trámites y persisten vacíos sobre drones, ciberseguridad y otros dispositivos.
La propuesta es modernizar el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada e incorporar un enfoque de interoperabilidad entre los sectores público y privado. Esto permitiría compartir información y coordinar mejor las labores de prevención, sin reemplazar las funciones de las autoridades.
Fedeseguridad también expresó preocupación por la próxima discusión del salario mínimo. Garavito pidió que el ajuste tenga en cuenta indicadores como la inflación y la productividad, debido a que las decisiones salariales inciden directamente en una industria cuyos precios están regulados.
El sector enfrenta así el reto de equilibrar las condiciones laborales de los vigilantes, la capacidad de pago de los usuarios, la sostenibilidad de las empresas y la continuidad de los servicios, mientras combate la contratación irregular y adopta tecnología sin prescindir de las capacidades humanas.