La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que Cúcuta atraviesa una escalada de violencia que ya había sido identificada por la entidad en alertas tempranas. Sus declaraciones se conocieron después del asesinato de Miguel Castellanos, el atentado con un carro bomba y el homicidio del periodista Cristian Herrera.
Durante una entrevista, Marín pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales investigar las posibles redes de corrupción relacionadas con los grupos armados que ejercen control en distintos territorios.
“Todo este contexto tiene que ser investigado y entendido a profundidad”, afirmó la defensora, al señalar que las estructuras criminales pueden aprovechar esas conexiones para ampliar su capacidad de control y causar daño.
La funcionaria recordó que desde septiembre de 2025 la Defensoría había advertido sobre amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, así como sobre el riesgo de que la violencia del Catatumbo se extendiera hacia las ciudades.
Las advertencias de la Defensoría
La alerta temprana identificó amenazas de estructuras como AK-47 y el Tren de Aragua contra el alcalde y otros funcionarios. También señaló riesgos para candidatos, líderes comunitarios y juntas de acción comunal, además de posibles restricciones para que los aspirantes ingresaran a determinados sectores y presiones sobre los votantes.
El informe también describió actividades como extorsión, microtráfico, trata de personas y explotación sexual en zonas de frontera y del occidente de Norte de Santander. En el seguimiento posterior, la Defensoría concluyó que las condiciones de seguridad continuaban deteriorándose.
Al asesinato de Castellanos se sumó el de Jaime Vásquez, abogado, periodista y veedor ciudadano, cuyas denuncias sobre posibles hechos de corrupción fueron mencionadas como una de las líneas que deberán ser consideradas en la investigación.
También fue asesinado Cristian Herrera, reportero judicial que trabajó durante más de 10 años en el diario La Opinión y había recibido amenazas por su labor. El periodista tenía un esquema de seguridad, pero fue atacado por un sicario en el barrio Quinta Oriental y murió tras recibir al menos nueve impactos de bala.
“Cúcuta se ha convertido desde hace ya muchos años en una ciudad muy insegura para hacer política, para hacer periodismo, para los liderazgos sociales”, afirmó Marín.