Dos personas fueron asesinadas, una está desaparecida y al menos 258 se desplazaron en la zona rural de Nuquí, en el Chocó, por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Así lo denunció la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi, a través de su cuenta en la red social X.
«Desde el 27 de octubre tuvimos comunicación con Min. Interior frente a una alerta en el resguardo indígena Jurubirá-Chorí. Inmediatamente nos comunicamos con las autoridades municipales, quienes no tenían conocimiento aún del hecho, y con las autoridades indígenas, que se encontraban amedrentadas al momento», explicó Córdoba-Curi.
De acuerdo con la gobernadora, las primeras informaciones solo daban cuenta de amenazas, pero en los días siguientes las autoridades conocieron los hechos que, según su denuncia, violan los derechos humanos en la comunidad de Villa Nueva, en el río Jurubirá.
«Posteriormente, se tuvo conocimiento de la afectación concreta de la comunidad de Villa Nueva en el río Jurubirá. La disputa entre el ELN y el EGC generó allí la retención de 5 miembros de la comunidad de los que posteriormente fueron encontradas asesinadas dos personas y una desaparecida», denunció Córdoba-Curi.
La situación provocó el desplazamiento forzado de 258 personas hacia la cabecera municipal de Nuquí, donde las autoridades coordinan la atención humanitaria. La Gobernación activó la ruta de atención en su rol subsidiario, atendiendo consejo de seguridad y comité de justicia transicional, señaló la mandataria.
Uno de los aspectos más críticos de la denuncia es el de 16 personas que permanecen dentro del territorio con riesgo inminente. Por eso el departamento solicitó apoyo aéreo a la Policía Nacional para facilitar su evacuación, mientras entrega ayuda humanitaria de emergencia y servicios de salud para la atención de las víctimas.
Córdoba-Curi añadió que la administración seguirá apoyando la acción de las autoridades municipales, que como primeros respondientes lideran la atención y la articulación de la emergencia.
La gobernadora rechazó la acción violenta de los grupos armados en los territorios de las comunidades indígenas: «Nuestro departamento pertenece a su gente, no al dominio de ningún grupo ilegal», expresó.