Tres militares muertos, 16 heridos de gravedad y 31 personas más afectadas dejó el ataque con drones explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. El Ejército Nacional informó que las instalaciones fueron atacadas con “aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos”.
El Ministerio de Defensa rechazó el hecho y lo atribuyó a la guerrilla del ELN. En su cuenta de X, la cartera señaló que el ataque “sería una represalia del ELN por la captura de alias Carrito, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de esta organización criminal”.
“Condenamos con absoluta contundencia este acto de barbarie y sevicia terrorista perpetrado contra nuestros soldados en Santa Rosa del Sur, Bolívar”, agregó la cartera, que anunció el despliegue de “capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad”.
La orden del presidente y la alerta previa
El presidente Abelardo De la Espriella condenó el ataque y ordenó intensificar las operaciones para “identificar, perseguir y capturar a los responsables”, golpear las estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde, según el Gobierno, esos grupos pretenden imponer el miedo.
La Defensoría del Pueblo detalló que el ataque ocurrió mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas el día anterior. Una alerta temprana publicada en enero advirtió que en esa zona operan el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC que se disputan el control territorial, las rentas de la minería y los corredores estratégicos.
El organismo indicó que entre mayo y septiembre de 2026 registró 22 emergencias humanitarias asociadas a confinamientos y desplazamientos forzados masivos, que afectaron al menos a 11.135 personas de 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar. También advirtió sobre la instalación de minas antipersonal, las restricciones a la movilidad y al abastecimiento de alimentos y medicamentos, y las interrupciones de actividades educativas.
El Ministerio de Defensa cerró su pronunciamiento con una advertencia: “No habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos”.