Las autoridades evacuaron la noche del sábado 7 de noviembre la sede de Caracol Televisión, en el barrio La Floresta de Bogotá, tras una alerta por un posible atentado. La Policía Metropolitana reportó que "al momento no hay evidencia de explosivos" dentro de las instalaciones ni en sus alrededores, aunque la advertencia que motivó el desalojo sigue bajo análisis.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía compartió la información con varios medios y con el Gobierno Distrital. Caracol Televisión confirmó que fue apercibida por las autoridades sobre una presunta intención de grupos ilegales de atentar contra el canal y activó sus protocolos internos de seguridad.
Caracol Radio señaló que también recibió una advertencia sobre el riesgo de un atentado contra la empresa y otros medios de comunicación, y que coordinó sus protocolos de seguridad con las autoridades.
Ante el panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán pidió convocar de inmediato al Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), el espacio donde los organismos de seguridad revisan de manera conjunta la información disponible y coordinan respuestas frente a riesgos que exigen actuación conjunta.
El objetivo del Distrito es establecer el nivel de riesgo de la alerta, contrastar la información llegada desde la Fiscalía y definir si se requieren nuevas medidas de protección para quienes trabajan en los medios mencionados. La Alcaldía no detalló las acciones adoptadas por la Policía Metropolitana ni los puntos donde se aplican.
Por ahora las autoridades no han informado qué estructura ilegal estaría detrás de la advertencia, contra cuáles medios irían dirigidas las posibles acciones ni si hay personas identificadas dentro de la investigación. Tampoco hay reporte de capturas, artefactos hallados ni atentados consumados relacionados con esta situación.
Defensoría y Procuraduría piden proteger a los periodistas
La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como grave y preocupante la información conocida y pidió establecer la veracidad de la alerta, esclarecer su origen y proteger a quienes trabajan en los medios. "Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado", señaló.
El procurador general, Gregorio Eljach, también rechazó las posibles amenazas y solicitó garantías para el ejercicio periodístico. "Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia", afirmó.
Un año de riesgos para quienes informan
La alerta llega en un año en el que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 150 agresiones contra la prensa en Colombia entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026, 46 de ellas amenazas. Bogotá concentró 33 de esos casos, asociados principalmente con estigmatización y acoso judicial. La organización aclara que estas cifras no están vinculadas de manera directa con la advertencia de este fin de semana, pero describen el entorno de riesgo que enfrenta el periodismo en el país.