La Corte Suprema de Panamá evalúa la licencia ambiental de Puerto Barú, un proyecto de US$260 millones que el promotor John McKeown quiere construir en el golfo de Chiriquí, en el oeste del país. La disputa ha enfrentado al desarrollador con el magnate de los fondos de cobertura Louis Bacon y con seis organizaciones ambientalistas panameñas.
A través de Ocean Pacific Investments, McKeown presenta la obra como el primer puerto 'verde' de Panamá. El proyecto contempla 124 hectáreas en la costa del Pacífico, justo al sur de la ciudad de David, y busca aliviar la presión sobre los centros comerciales de Ciudad de Panamá y conectar la región con rutas hacia Norteamérica y Asia. La empresa estima que generará más de 1.100 empleos.
Chiriquí, con unos 500.000 habitantes, es una de las principales regiones agrícolas del país y produce café, papaya y camarón, entre otros alimentos. Para McKeown, el golfo es una puerta de acceso a mercados para esos productos. Para Bacon, es un oasis ecológico que el proyecto pondría en riesgo.
Dos visiones sobre el mismo golfo
Bacon, de 70 años, hizo fortuna con el fondo de cobertura Moore Capital Management y es el septuagésimo mayor propietario de tierras en Estados Unidos, según The Land Report. Cerca del proyecto tiene Islas Secas, un resort ecoturístico con tarifas desde US$3.500 por noche. Él asegura que el puerto está lo suficientemente lejos para no afectar directamente su isla, pero advierte que el dragado y la alteración del hábitat podrían generar efectos en cadena.
“Basta con mirar un mapa para darse cuenta de que este no es un lugar adecuado”, dijo Bacon a Bloomberg News. El financista ha financiado la campaña de las organizaciones ambientales, incluido un plan alternativo para trasladar el puerto unos 80 kilómetros al oeste, a Puerto Armuelles, y un análisis que estimó en unos US$30 millones el costo ambiental del proyecto en 20 años.
McKeown también tiene vínculos con Panamá: es residente parcial en el país y empezó a interesarse por el potencial de Chiriquí durante una excursión de pesca, cuando el capitán tuvo que viajar siete horas para reabastecerse. “Si creyera que Puerto Barú causaría un daño significativo a una parte de Panamá, nunca habría dedicado mi tiempo ni mis recursos al desarrollo de este proyecto”, dijo en un comunicado.
Manglares y una licencia en manos del tribunal
El sitio en disputa está entre canales que albergan una cuarta parte de los manglares de Panamá, ecosistemas que protegen las costas, sirven de refugio a la vida marina y absorben grandes cantidades de carbono. Las seis organizaciones ambientalistas sostienen que el puerto y el tráfico de buques causarían daños irreversibles por la contaminación, la agitación del agua y el bloqueo de la luz solar.
Un portavoz de Ocean Pacific dijo que la empresa “discrepa firmemente” de esa conclusión y que los posibles impactos fueron estudiados durante cuatro años, con audiencia pública incluida, en un proceso aprobado hace dos años. El proyecto incluye paneles solares para cubrir sus necesidades energéticas y zonas de conservación, según la compañía, que planea asociarse con un operador portuario.
Juan Carlos Monterrey Gómez, director de la consultora ambiental VANGLabs y exrepresentante especial de Panamá para el cambio climático, considera inevitable cierto impacto en un proyecto de esa magnitud. “Estos grandes proyectos suelen presentarse como generadores de empleo y desarrollo, pero con frecuencia producen conflictos sociales, extraen riqueza de las comunidades y trasladan los beneficios a otros lugares”, dijo.
Denuncias penales y cuentas congeladas
Mientras el tribunal analiza el caso, Ocean Pacific presentó denuncias penales contra dos de las organizaciones opositoras, CIAM y Adopta Bosque, por calumnia, difamación y delitos contra la economía. Ambas dijeron que sus cuentas bancarias fueron congeladas por orden judicial y que, sin poder pagar a su personal ni recaudar fondos, luchan por mantenerse a flote.
“Organizaciones como la nuestra están solas. No tenemos instituciones que nos protejan en una situación como esta”, dijo Joana Abrego, exgerente legal y ahora consultora externa de CIAM. El caso, añadió, genera el tipo de efecto disuasorio asociado con las demandas conocidas como SLAPP, usadas para intimidar a los críticos. Bacon calificó de “abominable” el uso de acciones legales para perseguir a denunciantes y ha cubierto personalmente los costos legales de Adopta Bosque.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo que el ministerio está legalmente “obligado a respetar” la aprobación ambiental, otorgada por una administración anterior, y que acatará la decisión de la Corte Suprema. Aunque declinó comentar sobre las demandas, señaló que ese tipo de acciones tiene a los funcionarios del ministerio “profundamente preocupados”. “Panamá es un país democrático”, afirmó.
El desenlace definirá el futuro de una zona prácticamente intacta del país y medirá el margen real de las organizaciones ambientales para oponerse a un proyecto de esa escala.