Unos 258 indígenas de la comunidad de Villanueva Jurubirá, en Nuquí (Chocó), dejaron su territorio en canoas la tarde del 1 de noviembre, luego de permanecer ocho días confinados y sin posibilidad de alertar a las autoridades. Según la información disponible, es el primer desplazamiento de una comunidad indígena completa que se registra en ese municipio del Pacífico colombiano.
El confinamiento empezó el 24 de octubre. De acuerdo con el relato de una persona del municipio que pidió no ser identificada, ese día hombres del Clan del Golfo llegaron a la comunidad y se llevaron a siete habitantes, a quienes acusaban de colaborar con el ELN. Entre los retenidos estaban el líder indígena Ramiro Forastero y su hijo, Elmer Forastero.
Cuatro días después, el 28 de octubre, la comunidad encontró los cuerpos de dos de los siete. Los otros cinco seguían desaparecidos. Durante ese tiempo, los habitantes no pudieron salir a pescar ni internarse en la selva para recoger alimentos. El grupo armado también destruyó las antenas de comunicación, y el gobernador del cabildo y los profesores recibieron amenazas de muerte si avisaban a las autoridades, siempre según esa versión.
Para un líder indígena de la región, que también habló bajo reserva, el detonante del desplazamiento fue la muerte de Ramiro Forastero. Lo recordó como un hombre tranquilo, que recibía con respeto a quienes visitaban su comunidad y que estaba pendiente de los procesos culturales y de los encuentros entre pueblos. Con Elmer compartió el bachillerato en Nuquí: todos los días hacían un recorrido de dos horas en lancha hasta la cabecera municipal.
“Nuestra defensa es el diálogo”, dijo el líder. Según su relato, las comunidades han resistido durante años la presión de los grupos ilegales y los señalamientos que, en episodios como este, terminan con la vida de autoridades ancestrales. También denunció que los armados buscan reclutar a niños y vincular a la población a su disputa, algo a lo que, aseguró, se han opuesto.
Una crisis acumulada en Chocó
La salida de Villanueva Jurubirá se suma a una crisis humanitaria que Chocó arrastra desde hace años. Según la persona de Nuquí, las comunidades de Puerto Indio, El Chorro y La Loma siguen confinadas, y los grupos armados han impedido el ingreso de organizaciones humanitarias que buscan llevar insumos y atención médica. El 5 de noviembre, el resguardo indígena Chory Jurubirá, en Alto Baudó, pidió ayuda urgente del Estado por la presión armada; según esa fuente, lleva tres años en confinamiento.
La Defensoría del Pueblo había advertido en abril de 2024 sobre el alto riesgo humanitario en Juradó, Bahía Solano y Nuquí por la disputa entre el Bloque Pacífico del Clan del Golfo y el Frente de Guerra Cimarrón del ELN. Dos días antes del desplazamiento, la entidad señaló que esa crisis ya era una realidad y urgió actuar para evitar que más familias abandonaran sus hogares y territorios.
El mapa del conflicto en la zona cambió tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El ELN ocupó rutas que antes controlaban las Farc, mientras el Clan del Golfo amplió su presencia con intereses similares. Según la fuente de Nuquí, durante el gobierno de Iván Duque el Clan del Golfo se fortaleció de manera desproporcionada y llegó a dominar buena parte del Bajo Atrato. La disputa por ese control ha golpeado con especial dureza a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Turismo, oro y corredores del narcotráfico
Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, explicó que en Nuquí y Bahía Solano existe una lógica de extorsión alrededor del turismo y que la zona es una de las rutas más importantes para el narcotráfico. La cercanía con Panamá, agregó, convierte al Chocó en un enclave para el tráfico de armas y drogas hacia Centroamérica. A ello se suma la salida de madera y de oro del Bajo Atrato.
La fuente de Nuquí aseguró que la explotación de oro es hoy más rentable para los grupos armados que la propia droga. El año pasado, dijo, el metal alcanzó un valor de 2,7 millones de pesos por cada castellano, equivalentes a 4,6 gramos. Mantilla añadió que la selva y la dificultad de acceso ofrecen a los armados refugio frente a operaciones aéreas, drones y desembarcos militares. El confinamiento y el desplazamiento, explicó, se han convertido en estrategias de guerra; las minas terrestres fracturan todavía más el territorio.
El impacto sobre las comunidades indígenas es particularmente profundo, según Mantilla, porque el asesinato de sus líderes altera la vida cotidiana y el gobierno propio. En Villanueva Jurubirá, la huida no terminó al llegar al casco urbano de Nuquí. La comunidad está en el polideportivo, a la intemperie y sin una ruta de atención, mientras la Alcaldía dice no tener más recursos para atenderla. En Chocó hay 31 municipios y ninguno cuenta con albergues o refugios comunitarios, según la fuente.
La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, informó esta semana que se envió asistencia humanitaria, de salud y de emergencia a Nuquí. También advirtió que 16 personas siguen en riesgo inminente dentro del territorio y que se solicitó apoyo aéreo de la Policía para sacarlas. La comunidad espera una respuesta del Gobierno Nacional que le garantice condiciones para regresar. Un líder indígena pidió al presidente pronunciarse y reiteró el llamado al diálogo.
En Villanueva Jurubirá quedaron las pertenencias y los animales que no pudieron sacar. Sus 40 casas están vacías desde aquella tarde del 1 de noviembre, cuando sus habitantes tomaron el río con lo puesto para escapar de la guerra.