Tres mujeres fueron asesinadas en la misma madrugada en Soledad, Atlántico, entre ellas una adolescente de 14 años. Los crímenes, ocurridos el domingo 8 de noviembre, volvieron a poner sobre la mesa el deterioro de la seguridad para las mujeres en el departamento: entre el 1 de enero y esa fecha, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos registran 72 asesinatos de mujeres en el Atlántico, una cifra que abarca hechos ocurridos en circunstancias distintas y que no corresponde solo a feminicidios.
Las víctimas fueron Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14, atacadas en el barrio Terranova II, y Kelly Johana Villa Gómez, de 32 años, quien fue atacada por sicarios en el sector Los Ángeles. Los tres homicidios se registraron en la madrugada del domingo.
Reclamos al Gobierno y a la Gobernación
La Mesa Amplia de Mujeres del Atlántico, a la que pertenece Ruth Pareja, sostuvo que la violencia contra las mujeres también se entrelaza con las disputas territoriales entre bandas criminales. «En la guerra territorial de bandas criminales, el cuerpo de la mujer es usado como botín de guerra y mensaje de terror», señaló el colectivo, que cuestionó la falta de atención a las denuncias de lideresas sociales.
El colectivo pidió al Gobierno Nacional reglamentar, financiar e implementar las medidas de emergencia por violencia de género previstas en el artículo 344 de la Ley 2294 de 2023. También solicitó al gobernador Eduardo Verano convocar un consejo de seguridad departamental, destinar recursos a casas refugio y reforzar la asistencia jurídica y psicológica para las víctimas.
La advertencia que no se atendió
Alejandra Moreno Astwood, integrante de la Veeduría y Observatorio en Violencias de Género y Acceso a la Justicia, recordó que en septiembre de 2024, cuando era diputada del Atlántico, pidió declarar una emergencia por violencia contra las mujeres. «Lo advertí en 2024: el Atlántico necesitaba una emergencia por violencia contra las mujeres. Dos años después, las muertes siguen aumentando», afirmó.
Moreno aclaró que no todos los asesinatos de mujeres constituyen jurídicamente feminicidios, pero consideró necesario investigar los factores de riesgo asociados con la violencia intrafamiliar, las disputas criminales y las amenazas. Además, reclamó resultados de la Ordenanza 622 de 2024, de la que fue autora y ponente, con la que se creó el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género en el departamento. Pidió convocarlo de forma extraordinaria, presentar un balance de sus actuaciones y priorizar medidas de protección en Soledad, Barranquilla y Malambo.
La exdiputada también urgió implementar la Ordenanza 670 de 2026, relacionada con el Sello Morado para prevenir violencias de género en empresas e instituciones educativas, y establecer una mesa de diálogo entre la Policía y las organizaciones de mujeres. «No podemos esperar a que ocurra otro asesinato para convocar reuniones, emitir comunicados o anunciar medidas que después no se materializan», puntualizó.