La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo balance sobre la tragedia de Armero, 41 años después de la erupción del Nevado del Ruiz que sepultó el casco urbano y dejó miles de víctimas. El informe concluye que el desarraigo, la fragmentación familiar y las barreras para acceder a derechos persisten entre los sobrevivientes y sus descendientes.
El 13 de noviembre de 1985, la erupción provocó una avalancha que arrasó el municipio. La tragedia dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas, entre 3.000 y 4.000 desaparecidas —incluidos más de 400 niños y niñas— y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes, según el recuento de la Defensoría. La destrucción del casco urbano obligó a las familias a trasladarse a Lérida, Ibagué, Bogotá y Medellín, donde perdieron hogares, bienes y medios de subsistencia.
Recomendaciones con avances limitados
Hace un año la entidad presentó una investigación con 23 recomendaciones. El seguimiento muestra que solo una se cumplió por completo, 15 registran avances parciales y siete continúan incumplidas. Las materias más atrasadas son la restitución material, la vivienda, la salud mental y la búsqueda de personas desaparecidas.
Entre las medidas con cumplimiento parcial están el censo y la caracterización de sobrevivientes, las acciones afirmativas, la declaratoria de bienes de interés cultural, la creación del Centro de Memoria Histórica, la reglamentación y financiación de las leyes 1632 de 2013 y 2505 de 2025, y las actuaciones de saneamiento predial.
Siguen pendientes el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral, las rutas turísticas de memoria y la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas en desastres.
“Las deficiencias en la planificación de estos procesos y la falta de soluciones integrales prolongaron las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas”, señaló la Defensoría. La entidad también advirtió que la tragedia no es un hecho del pasado, porque sus consecuencias siguen presentes.
Para cerrar esas brechas, la Defensoría pidió al Estado reconocer los daños prolongados, caracterizar a la población afectada, garantizar vivienda y acceso a tierras, fortalecer la atención en salud, impulsar la búsqueda de personas desaparecidas y asegurar recursos y seguimiento institucional.