El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en $635 billones y fue expedido por decreto, después de que las plenarias de Senado y Cámara no lograran conciliar sus textos antes del plazo del 20 de octubre. El Ejecutivo aplicó entonces la regla del Estatuto Orgánico que lo obliga a adoptar la versión aprobada en primer debate, con lo cual desaparecieron los ajustes y las adiciones de gasto acordadas en el segundo.
Qué partidas se cayeron
El análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana señala que el estancamiento legislativo dejó sin respaldo financiero a varios sectores. Entre las adiciones excluidas están $3 billones para salud, $3 billones para los subsidios de energía y gas y $6,5 billones para obligaciones pensionales del Estado.
A esas cifras se suman $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades públicas y $100.000 millones para el Ministerio de Educación, recursos que tampoco quedaron en el texto final.
Sin informes sobre fondos públicos
Más allá del gasto, el centro de pensamiento advierte por la pérdida de mecanismos de transparencia. Durante el debate se había incluido una disposición que obligaba al Ministerio de Hacienda a presentar y publicar informes trimestrales sobre los saldos disponibles y la ejecución real de recursos en fondos públicos, establecimientos públicos, patrimonios autónomos y fiducias.
La medida buscaba superar la opacidad de los informes agregados y permitir un seguimiento detallado de los dineros comprometidos y pagados en esos mecanismos de gestión indirecta. Como surgió en los debates del Congreso, quedó descartada junto con el resto de las modificaciones de segundo debate.
El Observatorio lamentó además que quedaran por fuera las normas que daban a las comisiones económicas del Congreso un mayor control previo sobre los traslados presupuestales del Gobierno, así como los instrumentos para facilitar la contratación de vigencias futuras en proyectos regionales.
Deuda, inversión y riesgo país
El escenario fiscal está condicionado por el servicio de la deuda, que absorberá $155,4 billones, equivalentes al 24,5 % del presupuesto total, tras un incremento real del 44,9 % frente a 2026. Al mismo tiempo, la inversión cae 8,3 % en términos reales y la inversión regionalizada baja al 3,1 % del PIB, su nivel más bajo en años.
Las presiones fiscales y el desencuentro político también se reflejaron en los mercados: entre la radicación del proyecto en agosto y el plazo de trámite en octubre, el indicador de riesgo país (EMBI) para Colombia subió 41 puntos básicos, una señal de mayor incertidumbre institucional que podría encarecer el financiamiento futuro del Estado.