La Ley 2573 de 2026 empieza a regir este 19 de noviembre y cambia el reparto de responsabilidades en los casos de falsedad personal. Desde esa fecha, bancos y operadores de telecomunicaciones deberán verificar con más rigor la identidad de sus clientes, reportar la suplantación ante las centrales de riesgo y suspender los cobros que se deriven de ella. La norma fue promulgada el 19 de mayo pasado, aunque dos parágrafos del artículo 5 ya estaban vigentes desde entonces.
Qué debe hacer el banco cuando la víctima denuncia
El numeral 2 del artículo 5 fija un plazo de 10 días para que la entidad financiera, en calidad de fuente de la información, notifique a Cifin, TransUnion y Experian Datacrédito, según corresponda. El trámite se cumple bajo el procedimiento que ya establecen las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. La orden es que cada reporte del consumidor quede marcado con la frase “víctima de falsedad personal” y que la puntuación, o score, no se modifique.
La ley también cambia el papel de bancos y operadores frente a la denuncia penal. El inciso 4 del artículo 7 los obliga a denunciar la estafa de la que hayan podido ser víctimas, y no solo la falsedad personal. Antes, la carga recaía en el consumidor: era él quien debía denunciar mientras las entidades no adelantaban investigaciones propias. El numeral 10 del artículo 5 añade que deberán investigar las probables responsabilidades de sus funcionarios en la suplantación e interponer las acciones judiciales del caso.
El artículo 8: los cobros se suspenden de inmediato
Para los consumidores financieros, el artículo 8 es el decisivo. La norma ordena suspender de manera inmediata el cobro de bienes, servicios, dineros, intereses, gastos de cobranza y demás conceptos en el momento en que la persona afectada se oponga. Para que opere, el afectado debe cumplir el artículo 6: denunciar la falsedad personal ante la Fiscalía, avisar a las plataformas de la creación de perfiles falsos en redes sociales, someterse a la prueba de validez que establezca el operador o la fuente de la información y aportar pruebas de la suplantación.
La suspensión no es indefinida. Se mantiene hasta que una autoridad judicial se pronuncie y cierre la actuación penal, con lo que se define si el proceso de cobro continúa o no.
La prueba la aporta quien esté en mejores condiciones
El literal d del artículo 2 consagra el principio de carga dinámica de la prueba: “Tendrá la obligación de probar la parte que mejor se encuentre en condiciones de hacerlo. En materia de suplantación, los operadores de telecomunicaciones y las entidades financieras y/o crediticias deberán entregar la información y documentos que recibieron para la aprobación del bien o servicio”.
En la misma línea, el artículo 10 pide a los operadores de telecomunicaciones verificar en detalle la veracidad de la supuesta suplantación. El objetivo es evitar que la persona afectada tenga que acudir a la Fiscalía y contribuir a la economía y la celeridad procesal.
Más de 40.000 denuncias y el peso de las telecomunicaciones
Los estudios de la Superintendencia de Industria y Comercio entre 2020 y 2026 registran más de 40.000 denuncias por falsedad personal. De acuerdo con ese análisis, más del 80% de los casos se origina en el sector de las telecomunicaciones, lo que pone a los operadores en el primer filtro de verificación de identidad.