Videos que se viralizaron en redes sociales muestran a una conductora agrediendo físicamente a una agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Ibagué. Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre, cuando la funcionaria adelantaba el procedimiento para inmovilizar un vehículo mal estacionado en las inmediaciones de la Clínica Avidanti.
María Camila Martínez, la agente víctimade los hechos, relató que alrededor de las 11:00 de la mañana recibió un reporte de la central de radio para acudir al sitio. Un vehículo bloqueaba la entrada y salida de ambulancias y vehículos de emergencia. Según su testimonio, la grúa tardó entre 30 y 40 minutos en llegar.
"A varias personas les realicé órdenes de comparendo educativo. La señora no era la excepción", narró Martínez. Al solicitarle los documentos y proceder a notificarla, la situación escaló: "La señora se puso a agredir, me preguntó qué quiere y por qué. Desde ahí empezó la violencia, me daba golpes en la cara, me revienta la boca y se ensaña conmigo, me agrede física y verbalmente".
La agente también denunció amenazas por parte de la conductora: "Temo por mi integridad física; la señora me amenazó. Que ella me iba a encontrar, que ella me iba a buscar".
Wilson Ruiz asume la defensa
El martes 15 de septiembre, el exministro de Justicia Wilson Ruiz anunció a través de sus redes sociales que su firma de abogados asumirá la representación legal de Martínez. Ruiz se desempeñó como ministro de Justicia entre 2020 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque.
En un video publicado junto a la agente y al abogado penalista Manuel Villanueva, Ruiz calificó lo sucedido como un acto de "violencia contra un servidor público" y recordó que durante su gestión impulsó la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Villanueva, por su parte, enfatizó: "Estamos dispuestos a llevar este proceso hasta las últimas consecuencias, que la persona que agredió a María Camila pague lo que la ley tiene previsto en estos casos". De acuerdo con el artículo 429 del Código Penal colombiano, agredir a un servidor público por razón de sus funciones constituye un delito que conlleva una pena de cuatro a ocho años de prisión.