El Gobierno y los ponentes de la reforma tributaria se inclinan por retirar el IVA a los planes complementarios y a la medicina prepagada. En las comisiones económicas existe consenso para frenar un gravamen que, según varios legisladores, castigaría dos veces a la clase media. La definición forma parte de una negociación más amplia sobre cómo compensar los ingresos que dejará de recibir el Estado.
El trámite sigue pausado. No hay ponencia ni debates agendados, pese a que el calendario constitucional termina el 16 de diciembre. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y las bancadas del Congreso mantienen mesas de trabajo para destrabar el articulado.
El Ejecutivo ya anunció que retirará el IVA a alimentos esenciales de la canasta familiar, como café, tomate, cebolla y comida para animales de compañía. Esa decisión abrió un frente de discusión sobre los recursos que se necesitan para reemplazar lo que se dejará de recaudar.
El representante Santiago Castro, del Centro Democrático, y el senador Gustavo Moreno, de la ASI, coincidieron en que cobrar IVA a los planes de salud implicaría una doble tributación injusta. Castro aseguró que, en las proyecciones del Ministerio de Hacienda presentadas a los ponentes, el Gobierno comenzó a ceder y a descontar ese cobro del texto final, por lo que se presume que saldría del articulado.
Los legisladores también piden exención de IVA para tractores e insumos agrícolas. Argumentan que gravar el campo encarecería de inmediato la producción de alimentos. El Partido Liberal, representado por el senador Álvaro Monedero, rechaza elevar la carga a las bebidas azucaradas, edulcoradas y la cerveza. Monedero sostiene que esos productos representan hasta 60% de las ventas en las tiendas de barrio y que llevar la cerveza de 2.500 a 4.500 pesos afectaría el consumo, las rentas departamentales y el comercio ilegal.
La venta de activos divide a las bancadas
El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo desde Nueva York que el Gobierno está de acuerdo en salir de activos improductivos y en que quienes más tengan más paguen. La propuesta, sin embargo, no tiene una sola voz entre los congresistas.
Castro apoyó incluir la venta de activos como uno de los tres pilares del ajuste fiscal, junto con la reducción del gasto y los nuevos ingresos. Propuso enajenar el 8,9% autorizable de Ecopetrol, participaciones en ISA, electrificadoras regionales y activos del Grupo Bicentenario. Los recursos, dijo, deben destinarse exclusivamente a amortizar la deuda pública. También fijó un límite: el Banco Agrario, Finagro y el Fondo Nacional del Ahorro deben seguir en manos públicas.
Moreno se opuso a vender Ecopetrol. “El palo no está para cucharas”, dijo, y advirtió que enajenar acciones de la petrolera en su coyuntura actual equivaldría a regalarla. En lugar de vender activos productivos, propuso eliminar entidades con funciones duplicadas, como la USPEC, que cuesta cerca de 2,3 billones de pesos al año.
Las alternativas para conseguir recursos
Para cerrar el hueco fiscal, los parlamentarios plantearon un impuesto al uso industrial del agua, que excluiría las actividades agrícolas, agroindustriales y el consumo residencial, con un recaudo estimado de 1,5 billones de pesos. También discutieron una sobretasa a la telefonía celular para planes superiores a 40.000 pesos mensuales, calculada en 2,5 billones, y nuevos gravámenes a la nómina para salarios superiores a 9 millones de pesos.
La lista incluye un ajuste gradual al impuesto a los licores, cobros a plataformas de alquiler informal como Airbnb y a comercios electrónicos como Temu, y un fortalecimiento del control de la DIAN sobre la evasión, estimada en 71 billones de pesos.
Para compensar la canasta familiar, el Centro Democrático propone mantener gravámenes a sectores específicos por entre 8 y 10 billones de pesos. Eso incluye conservar el IVA a vehículos eléctricos e híbridos, gravar las compras postales menores a 200 dólares y aplicar aranceles a importaciones de países sin tratado de libre comercio con Colombia, como China, Vietnam o India.
Los legisladores coincidieron en que la reducción del impuesto de renta para empresas no podrá aplicarse de inmediato. El desmonte del 4 por 1.000 tendría que posponerse un par de años y hacerse de forma gradual, con cortes de 0,5% o 1% anual.
El 17 de noviembre, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se reunió con los coordinadores ponentes de las comisiones económicas de Senado y Cámara. El funcionario confirmó que se estudian alternativas de ingresos para compensar el recaudo cedido en la canasta familiar sin desequilibrar las finanzas del Estado.
Durante la semana habrá mesas técnicas para redactar el borrador de la ponencia de primer debate. El Gobierno y los ponentes prevén votar el 1 o 2 de diciembre. Con el calendario ajustado y los festivos legislativos, los congresistas dan por hecho que el Ejecutivo tendrá que convocar sesiones extraordinarias para completar el trámite.