La discusión del salario mínimo de 2027 ya tiene calendario. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales aprobó el cronograma: las sesiones técnicas comienzan el 26 de noviembre con la Subcomisión de Productividad y la instalación oficial de la mesa será el 27 de noviembre, con representantes del Gobierno, empleadores, centrales obreras y organizaciones de pensionados.
La negociación parte de una cifra concreta: el salario mínimo mensual legal vigente en 2026 es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Sobre esa base se calculará el incremento que empezará a regir en enero.
La propuesta de un aumento de un dígito
Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty SAS, considera que el alza debería mantenerse en un rango de un dígito, con un techo del 10 %. «El aumento debe estar en un rango prudente entre lo que he venido sosteniendo, que es el 8 %, el 9,5 %, con un techo máximo del 10 %, porque es lo que realmente aguanta la economía», señaló la experta.
Con esas variaciones, los cálculos aproximados son los siguientes: un 8 % representa $140.072 más y llevaría el salario a cerca de $1.890.977; un 9,5 % equivale a $166.336 y lo dejaría en $1.917.241; y un 10 % significa $175.091, para un total de $1.925.996. Ninguna de las cifras incluye el auxilio de transporte.
El argumento de Rodríguez no se limita al dinero adicional que recibe el trabajador cada mes. «Subir el mínimo no es solo subir el sueldo básico. Cada punto jala de inmediato la seguridad social a cargo del empleador: salud, pensión, riesgos y parafiscales, además de las provisiones de las primas y las cesantías», explicó.
Por eso advierte que acercarse al 9,5 % o al 10 % ya pone al límite la caja de las compañías con menor capacidad financiera, en particular las micro y pequeñas, que aún cargan con el ajuste del 23 % aplicado en 2026. «Romper definitivamente esa barrera de los dos dígitos sería darle un golpe muy duro al empleo formal», sostuvo.
Las fechas que definen la discusión
El 9 de diciembre se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas con información del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Al día siguiente, las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas de incremento, y después empezarán las jornadas de deliberación.
El primer plazo legal para alcanzar un acuerdo es el 15 de diciembre, según lo establecido en la Ley 278 de 1996. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, dijo que la meta del Gobierno es lograr un consenso: «Al Gobierno Nacional le ilusiona, sueña y ese es el propósito con la instalación de esta comisión el día de hoy, lograr un acuerdo que nos permita, a pesar de las diferencias, llegar a ese punto de encuentro y sacar el país adelante».
La distancia entre las partes definirá si el incremento sale por concertación o si lo fija el Ejecutivo. Rodríguez ve estrecho el margen si los gremios se mantienen en un dígito y los sindicatos piden más del 10 %: «Si no se ponen de acuerdo y no son sensatos técnicamente frente a la productividad del país, lo más seguro es que volvamos a terminar con un aumento fijado por decreto».
A la discusión se suma un factor paralelo: la Ley de Rescate Fiscal que se debate en el Congreso. Si se aprueba en los términos planteados, empresas y trabajadores independientes con ingresos superiores al salario mínimo podrían enfrentar nuevos descuentos y pagos de seguridad social, un escenario condicionado a esa iniciativa y no una obligación vigente derivada de la negociación salarial.