Las aseguradoras colombianas han recibido 85.496 reclamaciones desde el terremoto, de acuerdo con el más reciente balance de la industria, con corte al 18 de septiembre. El valor asegurado asociado a los siniestros reportados asciende a $5,5 billones, un billón más que en el reporte de la semana anterior.
Los pagos a los asegurados también avanzan: las compañías han desembolsado $274.590 millones en indemnizaciones, un crecimiento de 48% frente al reporte anterior. Solo en la última semana pagaron $89.820 millones adicionales, un reflejo del avance del proceso de evaluación y atención de las reclamaciones.
Cómo se distribuyen los siniestros
El ramo de incendio y terremoto concentra la mayor parte de las reclamaciones: 61.250 siniestros, con un valor asegurado de $4 billones. Le sigue el ramo de hogar, con 18.755 reclamaciones y $541.000 millones en valor asegurado.
Automóviles registra 1.252 siniestros, asociados a $21.000 millones; riesgos laborales suma 1.137 reclamaciones, por $18.000 millones, y otros ramos acumulan 3.102 siniestros con un valor asegurado de $69.000 millones.
El trabajo de los ajustadores
La industria se encuentra en la etapa de evaluación de los bienes afectados, con prioridad en aquellos que colapsaron o fueron declarados pérdida total. En el proceso participan más de 140 firmas de ajustadores, los profesionales encargados de inspeccionar viviendas, edificios, comercios, industrias, maquinaria e infraestructura asegurada.
"Tras un terremoto, los ajustadores cumplen una labor fundamental: recorren las zonas afectadas, evalúan los daños y cuantifican las pérdidas, un trabajo técnico que permite avanzar en la atención de las reclamaciones y movilizar los recursos necesarios para la recuperación y reconstrucción", explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
Entre sus tareas están documentar los daños —diferenciando los causados por el sismo de los preexistentes o de otras causas—, estimar económicamente las pérdidas, recopilar informes estructurales, facturas y presupuestos, y determinar la pérdida indemnizable según las coberturas, sumas aseguradas y deducibles de cada póliza.
Con $5,5 billones en valor asegurado y $274.590 millones ya desembolsados, el sector asegura que mantiene su compromiso de convertir la protección contratada por familias y empresas en recursos para la reparación, la reconstrucción y la recuperación del país.