El uso de la “palanca” para conseguir cargos y contratos en el Estado le cuesta a la economía colombiana cerca de $1,2 billones al año, unos US$410 millones a la tasa promedio del periodo estudiado. Así lo reveló una investigación de Juan Felipe Riaño, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Georgetown.
El estudio se concentra en el nepotismo burocrático: el favoritismo hacia familiares ejercido por funcionarios de los niveles directivo y asesor —secretarios generales, subdirectores, jefes de oficina y asesores de despacho—, quienes en la práctica deciden el día a día del personal del Estado. Quedan por fuera los servidores de carrera administrativa, que entran por concurso, y los cargos de elección popular.
Ese costo equivale a cerca del 7 % de los ingresos anuales de las entidades donde operan estas redes. Frente al Presupuesto General de la Nación de la época, representaría alrededor de medio punto porcentual.
Escala, vínculos y baja visibilidad
Riaño identifica tres condiciones que explican el fenómeno. La escala: en el periodo analizado existían unos 18.600 cargos directivos frente a cerca de 1.130 cargos de elección popular, una relación de 16 a 1 ejercida por miles de funcionarios con poder de decisión. El vínculo: a diferencia de una alianza política, el parentesco es difícil de negar y de terminar. Y la visibilidad: mientras al político lo vigilan las elecciones, la prensa y los organismos de control, las decisiones de personal de un directivo quedan dispersas en trámites que casi nadie ve.
Las cifras del estudio son contundentes: el 36 % de los funcionarios tiene al menos un pariente en alguna entidad del Estado y el 16 % tiene un pariente que es gerente o asesor. Dentro de la misma entidad, donde el favoritismo puede operar de verdad, las cifras bajan al 10 % y a entre el 2 % y el 3 %. Tener un pariente en el Estado, aclara el autor, no es un delito ni es, por sí solo, nepotismo.
Ascensos, salarios y capacidad administrativa
Un funcionario emparentado con un gerente o asesor de su entidad ve aumentar en 40 % su probabilidad de ascenso: los ascensos suben de cerca del 3 % al 4,5 % anual. Su salario, además, crece entre 2 % y 5 % más mientras el pariente permanezca en el cargo.
El daño principal, sin embargo, no está en las nóminas sino en la capacidad administrativa. Cuando los cargos y contratos se asignan por parentesco y no por capacidad, las entidades proponen menos proyectos, ejecutan más lento y rinden cuentas peor, de modo que convenios y cofinanciaciones se van para otras. En los datos, mientras las redes familiares están intactas esas entidades consiguen menos recursos del resto del Estado, y cuando las redes se desmontan lo primero que se recupera es el ingreso.
“No es plata que alguien se roba de una caja, es plata que existía y nunca llegó a esa entidad ni se convirtió en servicios para sus ciudadanos”, explica el investigador, quien lee su cifra como un piso, y no como un techo, del costo real del nepotismo.
La investigación cubre a todos los servidores y contratistas del Estado colombiano entre 2011 y 2017 —cerca de 1,1 millones de personas, excluyendo militares, policías y cargos de elección— y usa registros administrativos oficiales. El autor no reconstruye redes por apellidos, sino encadenando año tras año las declaraciones juramentadas de familiares que todo servidor debe presentar, procesadas con identificadores anonimizados, por lo que el estudio no permite señalar a ninguna persona ni entidad.
Hay una buena y una mala noticia. La buena: en promedio, los directivos promueven a los mejor calificados —con más educación, más experiencia y menos antecedentes—, de modo que el filtro meritocrático funciona como regla y el concurso sigue valiendo la pena. La mala: cuando el promovido es familiar de un alto funcionario, esas ventajas se diluyen y, en los antecedentes que registra la Procuraduría —sanciones disciplinarias e inhabilidades—, llegan a invertirse.