La reforma pensional debe empezar a regir desde el 1 de abril de 2027, por mandato de la Corte Constitucional. Los cambios modifican los mecanismos de cotización y eliminan la competencia entre los sistemas, dentro del nuevo esquema de pilares.
El camino hacia ese arranque, sin embargo, acumula dudas sobre el futuro del sistema de jubilaciones: los ajustes tocan puntos clave de Colpensiones y los fondos privados, y el fondo público quedaría como el más grande del país, aunque según los cuestionamientos no tendría la infraestructura necesaria para asumir el cambio.
Colpensiones pide arrancar en 2028
El fondo público ya pidió un primer plazo para revisar los ajustes y comprender sus nuevas funciones en el corto plazo. Su solicitud apunta a que el nuevo sistema sea una realidad a partir de abril, pero de 2028.
A esa petición se suma la del propio Gobierno: De la Espriella, a través del Ministerio de Hacienda, solicitó a la Corte realizar una nueva revisión, esta vez con enfoque fiscal, considerando que el nuevo sistema demandaría casi $5 billones adicionales.
Andrés Velasco también pidió al alto tribunal tener muy en cuenta las opiniones que solicitan aplazar la entrada en vigor de la reforma, toda vez que el nuevo esquema todavía presenta varios aspectos sin claridad.
El Banco de la República, en la misma línea, envió una comunicación a la Corte para comprender las modificaciones y manifestar la necesidad de revisar los plazos de la transición. El gremio de los fondos privados, Asfondos, también reclama claridades y más plazo.
Ahora se espera que la Corte responda de manera formal a las peticiones del Gobierno, Colpensiones y el emisor para definir los cambios puntuales que requerirá la nueva ley.