Montar un concierto en Colombia puede significar hasta 11 requisitos independientes y un trámite de ocho pasos en la Ventanilla Única de Eventos: pólizas, contratos de aseo, certificaciones de baños, paz y salvos sectoriales y registros duplicados. Así lo describe un análisis del sector cultural, que asegura que el arte y el entretenimiento siguen tratándose como una actividad sujeta a la sospecha burocrática, pese a que aportan $47,8 billones de valor agregado y más de 820.000 empleos, 2,89% del PIB nacional según el Ministerio de Cultura.
El mismo texto compara el panorama local con el de mercados consolidados. En Londres y en los grandes circuitos de entretenimiento de Estados Unidos, los promotores gestionan marcos regulatorios estandarizados, con ventanillas integradas y un expediente único por recinto, bajo el principio de confianza legítima en el privado.
En Colombia, según el diagnóstico, el empresario nacional termina convirtiéndose en un mensajero de carpetas entre secretarías, en lugar de concentrarse en la producción, la seguridad y la innovación de su evento. La legislación aplicable a los espectáculos públicos está fragmentada en requerimientos que varias dependencias piden por separado.
El propio análisis precisa que simplificar no significa desregular: un concierto masivo exige estándares implacables de gestión del riesgo, planes de evacuación, control de aforo y esquemas sanitarios. Lo que resulta ineficiente, dice, es la duplicidad: que un productor deba demostrar una y otra vez, ante distintas entidades, lo que el propio Estado ya validó o lo que un escenario habilitado ya certifica por defecto.
Un espectáculo, un expediente
En materia de trámites para espectáculos públicos, la fórmula que propone el texto es simple: un concierto, una solicitud; un festival, un expediente único; un escenario certificado, sin empezar de cero. Si un recinto ya cumple las condiciones técnicas y de seguridad, esa certificación debería circular de oficio entre las entidades estatales, porque la descoordinación burocrática no puede seguir siendo parte de las cargas operativas del sector privado.
Como precedente reciente, el análisis cita la creación en Antioquia del Observatorio de Cultura y Patrimonio, que reveló que el departamento albergó 9.514 empresas culturales activas en 2025, un salto de 38% frente a 2018, con más de 107.000 personas empleadas. El siguiente paso, anota, será replicar las prácticas de medición de los países de la Ocde y cuantificar el derrame económico de cada evento: ocupación hotelera, impacto en la gastronomía, consumo en comercio y retornos tributarios reales.
La Agenda del sector también incluye incentivos, acceso a crédito y superación de la mentalidad subsidiaria que, según el autor del análisis, ha frenado el desarrollo del negocio cultural. Su tesis de cierre: Colombia no necesita menos cultura, necesita menos burocracia cultural — tributación y derechos de autor deben cumplirse y la seguridad debe ser impecable, pero con una institucionalidad ágil que permita crear, emprender y arriesgar capital en la industria de los espectáculos.