La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a diez exintegrantes del Bloque Tolima de las AUC por una serie de crímenes cometidos en ese departamento entre finales de los años noventa y comienzos de los 2000. La decisión, contenida en una sentencia de 290 páginas, documentó homicidios, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos.
El fallo también ordenó la extinción de dominio de varios bienes relacionados con la estructura paramilitar. Entre ellos hay propiedades avaluadas en 23.775 millones de pesos que estaban en poder del cantante de boleros Charlie Zaa. La medida patrimonial hace parte de una decisión que, según el tribunal, va más allá de esos bienes y reconstruye la actuación planificada del grupo en el Tolima.
Los condenados son Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexánder Carvajal Rodas, Indalecio José Sánchez Jaramillo, Diego Hernán Vera Roldán, José Albeiro García Zambrano, Benjamín Barreto Rojas, José Wilton Bedoya Rayo, Misael Villalba Veloza, Óscar Oviedo Rodríguez y Leonardo Lozano. La estructura estaba bajo el mando de Gustavo Avilés, conocido como “Víctor” o “Zorro”.
De acuerdo con la sentencia, el Bloque Tolima se expandió mediante una confrontación contra la antigua guerrilla de las Farc para controlar el territorio. La Sala también señaló que la organización recibió apoyo de empresarios y gremios vinculados con actividades arroceras, ganaderas, mineras y cementeras.
La decisión calificó los hechos como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. También determinó que las conductas tienen características de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Cinco historias documentadas en la sentencia
En la madrugada del 23 de abril de 2001, paramilitares ocuparon la vereda El Neme, en Valle de San Juan. Reunieron a los habitantes en la escuela, registraron las viviendas y se llevaron a José Huber Bernate Escobar, Willinton Bernate Escobar, Héctor Fabio Díaz Sánchez y Cecilia Guarnizo Céspedes. Las víctimas fueron señaladas de colaborar con la guerrilla, aunque la sentencia estableció que fueron torturadas y asesinadas. Guarnizo era presidenta de la Junta de Acción Comunal y los hermanos Bernate eran menores de edad.
El 7 de agosto de 2001, Manuel Ignacio Feria Nieto fue retenido en la plaza de Prado, donde vendía frutas. Los paramilitares lo trasladaron a la vereda Tortugas, lo asesinaron y lo enterraron en una fosa clandestina. Sus restos fueron encontrados el 6 de febrero de 2014, luego de las confesiones de Óscar Oviedo Rodríguez, alias “Fabián”. La sentencia estableció que Feria fue víctima de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura.
Otro caso corresponde a Jair Pérez Bustamante y a su pareja, una adolescente de 16 años que tenía tres meses de embarazo cuando ocurrieron los hechos. Ambos fueron sacados de una finca de Saldaña el 14 de marzo de 2002 y trasladados hasta el sector conocido como la mina de Tomogo. Las autoridades aún no han encontrado sus restos y sus familias llevan más de 24 años esperando información sobre su paradero.
Pedro Nolasco Rodríguez fue sacado de su vivienda en la vereda Chenche Asoleado, en Purificación. Según la sentencia, los paramilitares lo golpearon, lo amarraron y lo trasladaron en el baúl de un vehículo. Después fue asesinado y su cuerpo habría sido desmembrado y arrojado al río Magdalena. Sus restos nunca fueron encontrados, por lo que en 2009 se declaró judicialmente su muerte presunta.
El quinto caso es el de Horacio Salcedo Sánchez, quien fue obligado a subir a una camioneta frente a su casa en el barrio El Carmen de El Guamo, el 8 de febrero de 2003. Desde entonces permanece desaparecido. Su madre, María Irma Sánchez Céspedes, denunció la retención en 2008 y lleva años buscando respuestas sobre lo ocurrido.
En estos hechos fueron mencionados distintos comandantes del Bloque Tolima. Óscar Oviedo Rodríguez, alias “Fabián”, fue condenado por varios de los delitos relacionados con las desapariciones y homicidios. La sentencia también recoge que algunas familias continúan sin recuperar los restos de sus seres queridos.