La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Colombia adoptar medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de un militar retirado que comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha denunciado nueve amenazas y hechos de violencia desde 2023.
El compareciente participa en el Macrocaso 03, Subcaso Costa Caribe, y reconoció responsabilidad por 37 homicidios. Según la resolución de la CIDH, sus aportes de verdad sobre ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, involucrarían a tres generales, cinco coroneles y otros oficiales y suboficiales.
Nueve denuncias y cambios en su esquema de protección
La primera denuncia ocurrió a mediados de septiembre de 2023, cuando una persona lo llamó “asesino” en un centro comercial, mientras estaba acompañado por su hijo, y le dijo que también merecía morir. El 10 de noviembre de ese año, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP calificó su riesgo como extraordinario y le asignó un medio de comunicación, un chaleco blindado y apoyo económico para reubicarse con su familia durante 12 meses.
El 26 de diciembre de 2024 esas medidas fueron retiradas después de una reevaluación. Al terminar el apoyo económico, el militar regresó a Sincelejo, pese a que ese lugar había sido identificado previamente como una zona de riesgo para él.
Cuatro días después, el 30 de diciembre, presentó una segunda denuncia por mensajes en los que lo acusaban de haber “vendido” a otras personas y por una fotografía suya tomada de espaldas en el Hospital Militar. La tercera denuncia llegó el 8 de abril de 2025, tras recibir mensajes de un número desconocido que lo señalaban como “delator” ante la JEP.
El 21 de abril informó que un hombre en motocicleta había preguntado a los vecinos de la casa de su madre por un militar pensionado de apellido T. También señaló que otra propiedad de su familia fue marcada por personas que se movilizaban en motocicleta.
El 4 de junio de 2025, la Unidad respondió que no había encontrado elementos objetivos y verificables de un riesgo actual atribuible a su participación como compareciente. Le recomendó mantener medidas de autoprotección.
Disparos, tutelas y nuevas amenazas
El 7 de noviembre de 2025, mientras se dirigía a su residencia, varios hombres habrían disparado contra el vehículo en el que viajaba. El hecho dio lugar a la quinta denuncia. Sin embargo, la Unidad no encontró impactos de bala, vainillas ni proyectiles y consideró que también podía tratarse de un intento de hurto. El militar sostiene que fue un atentado contra su vida.
El 9 de marzo de 2026 presentó una acción de tutela. Dos días después, el Tribunal para la Paz ordenó una medida provisional que se cumplió con la asignación de un hombre de protección y un chaleco balístico.
El 21 de marzo, hacia las 6:40 de la mañana, el militar se dirigía con su protector a un predio rural cuando este escuchó varias detonaciones en la entrada. El agente respondió con tres disparos y evacuó al compareciente. El hecho fue registrado inicialmente por la Fiscalía como homicidio en grado de tentativa y luego fue adecuado al delito de amenazas.
Tres días después, el propio protector advirtió que era “necesario y urgente” reforzar el esquema con al menos un escolta adicional y un vehículo blindado. Señaló que trabajaba con “limitaciones significativas” y que ambos se movilizaban por sus propios medios.
El 30 de abril, a la 1:46 de la tarde, el militar recibió por WhatsApp un mensaje en el que una persona afirmaba tener ubicado en Bogotá a su escolta. El agente lo encontró en un “estado de alta afectación emocional” y con “un nivel considerable de ansiedad”, por lo que reiteró que un solo hombre no era suficiente.
El 27 de mayo, la Unidad calificó nuevamente el riesgo como extraordinario y ratificó durante seis meses un esquema compuesto por un hombre de protección a pie, un chaleco blindado y un medio de comunicación.
El 14 de julio, una persona llegó a la portería de su residencia y entregó a su protector un sobre con un panfleto amenazante y dos cartuchos de munición. El mensaje le exigía “dejar las cosas como están” y “no hablar de más”. También advertía que antes le habían perdonado la vida por la intervención de un tercero, pero que eso no volvería a ocurrir.
La amenaza ocurrió dos semanas antes de la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Costa Caribe, programada en Valledupar. Este hecho correspondió a la octava denuncia.
El 23 de julio, el compareciente presentó una segunda tutela por la falta de respuesta de fondo a su solicitud de revisión del riesgo. El 27 de julio, el Tribunal para la Paz ordenó una valoración de emergencia y las medidas preventivas adicionales que fueran necesarias.
Al día siguiente, el 28 de julio, mientras participaba en la audiencia en Valledupar, recibió por WhatsApp otro mensaje. La persona le exigió no mencionar a más involucrados y le advirtió: “esta vez no te salva es nadie”. Esa fue la novena denuncia.
La orden de la CIDH
Cuando el Estado respondió a la CIDH, la nueva evaluación de riesgo seguía sin una decisión definitiva. Según la respuesta estatal, el procedimiento iniciado tras el panfleto tomaría entre 25 y 45 días hábiles.
Las investigaciones de la Fiscalía por los hechos del 21 de marzo, el 30 de abril y el 14 de julio permanecían en indagación y no tenían posibles responsables identificados. La CIDH tuvo en cuenta esa situación para valorar la posibilidad de que las amenazas se repitieran.
La Comisión pidió a Colombia proteger los derechos a la vida y la integridad personal, realizar una evaluación integral de riesgo, concertar las medidas con el militar y sus representantes, y avanzar en las investigaciones sobre los hechos denunciados.
El Estado tiene 15 días, contados desde la notificación de la resolución, para informar las acciones adoptadas. La CIDH aclaró que la decisión de otorgar medidas cautelares no prejuzga sobre una eventual violación de derechos.