La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a un exintegrante del Ejército Nacional y compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien denunció amenazas relacionadas con sus declaraciones en el Macrocaso 03.
El hombre hace parte del Subcaso Costa Caribe y ha reconocido públicamente su responsabilidad en 37 homicidios presentados como falsos positivos. Según la documentación analizada por la Comisión, sus aportes a la verdad también involucraron a tres generales, cinco coroneles y otros oficiales y suboficiales del Ejército.
Amenazas desde 2023
El compareciente afirmó que comenzó a recibir mensajes intimidatorios y llamadas en 2023, después de iniciar su participación ante la justicia transicional. Las amenazas aumentaron tras la divulgación pública de sus declaraciones.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP calificó su nivel de riesgo como extraordinario y dispuso inicialmente un medio de comunicación, un chaleco blindado y apoyo económico para su reubicación y la de su familia. La reubicación debía hacerse fuera de Sucre, la región Caribe, Santander y Antioquia.
Después de una reevaluación realizada el 26 de diciembre de 2024, las medidas fueron retiradas. El exmilitar regresó a Sincelejo, municipio que había sido identificado como zona de riesgo, y reportó nuevos hechos de intimidación contra él y su familia.
Atentado y nuevos episodios de intimidación
El 7 de noviembre de 2025, varios hombres habrían disparado contra el vehículo en el que se movilizaba cuando se dirigía hacia su residencia, según la información recogida por la CIDH.
En marzo de 2026, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz concedió una medida provisional y ordenó asignarle un esquema de protección individual mientras se resolvía de fondo una acción presentada por el compareciente. Días después, este acudió a la CIDH para pedir protección de sus derechos a la vida y a la integridad personal.
Otro incidente ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando el hombre se dirigía a un predio rural. El encargado de su protección escuchó varias detonaciones y respondió con tres disparos antes de evacuarlo. La Fiscalía inicialmente registró el caso como homicidio en grado de tentativa, pero luego lo reclasificó como amenazas al considerar que no había elementos para configurar ese delito ni lesiones personales.
El 26 de marzo, la JEP ordenó realizar un nuevo estudio de riesgo en un plazo de 20 días y mantener el esquema de protección vigente. El estudio fue cumplido en abril, pero diez días después el compareciente recibió un nuevo mensaje: "No vales lo que vale un cartucho de nueve, perro. Pero esa es la decisión, es de matarte".
En julio, una persona entregó en su residencia un sobre con un panfleto amenazante y dos cartuchos de munición. El mensaje le exigía no mencionar a otras personas ni "hablar de más". Días después, durante una audiencia pública de la JEP en Valledupar, recibió otra amenaza por WhatsApp.
Medidas solicitadas al Estado colombiano
La CIDH señaló que distintas entidades estatales, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la JEP, la Unidad Nacional de Protección, la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno de Sincelejo, habían adelantado actuaciones relacionadas con el caso.
La Fiscalía informó que mantiene en indagación dos investigaciones por las amenazas recibidas el 30 de abril y por el panfleto entregado el 14 de julio. Además, la UIA ordenó una nueva evaluación para determinar si ese último episodio modificó las condiciones de riesgo.
Con la decisión, la CIDH pidió al Gobierno de Colombia informar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación, las acciones adoptadas para proteger la vida y la integridad del compareciente. El Estado también deberá actualizar periódicamente la información ante la Comisión.