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Defensoría alerta por la escalada de violencia que golpea a Cúcuta

Iris Marín pidió investigar los posibles vínculos entre estructuras criminales, redes de corrupción y política, tras varios ataques recientes en Cúcuta y Norte de Santander.
Escrito por Redacción Web 28 octubre, 2026
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Vista urbana de Cúcuta, Colombia, en una imagen relacionada con la seguridad y la violencia en la ciudad

Foto: JUAN DIEGO CHABUR / Wikimedia Commons

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que Cúcuta atraviesa una escalada de violencia que ya había sido identificada por la entidad en alertas tempranas. Sus declaraciones se conocieron después del asesinato de Miguel Castellanos, el atentado con un carro bomba y el homicidio del periodista Cristian Herrera.

Durante una entrevista, Marín pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales investigar las posibles redes de corrupción relacionadas con los grupos armados que ejercen control en distintos territorios.

“Todo este contexto tiene que ser investigado y entendido a profundidad”, afirmó la defensora, al señalar que las estructuras criminales pueden aprovechar esas conexiones para ampliar su capacidad de control y causar daño.

La funcionaria recordó que desde septiembre de 2025 la Defensoría había advertido sobre amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, así como sobre el riesgo de que la violencia del Catatumbo se extendiera hacia las ciudades.

Las advertencias de la Defensoría

La alerta temprana identificó amenazas de estructuras como AK-47 y el Tren de Aragua contra el alcalde y otros funcionarios. También señaló riesgos para candidatos, líderes comunitarios y juntas de acción comunal, además de posibles restricciones para que los aspirantes ingresaran a determinados sectores y presiones sobre los votantes.

El informe también describió actividades como extorsión, microtráfico, trata de personas y explotación sexual en zonas de frontera y del occidente de Norte de Santander. En el seguimiento posterior, la Defensoría concluyó que las condiciones de seguridad continuaban deteriorándose.

Al asesinato de Castellanos se sumó el de Jaime Vásquez, abogado, periodista y veedor ciudadano, cuyas denuncias sobre posibles hechos de corrupción fueron mencionadas como una de las líneas que deberán ser consideradas en la investigación.

También fue asesinado Cristian Herrera, reportero judicial que trabajó durante más de 10 años en el diario La Opinión y había recibido amenazas por su labor. El periodista tenía un esquema de seguridad, pero fue atacado por un sicario en el barrio Quinta Oriental y murió tras recibir al menos nueve impactos de bala.

“Cúcuta se ha convertido desde hace ya muchos años en una ciudad muy insegura para hacer política, para hacer periodismo, para los liderazgos sociales”, afirmó Marín.

Resumen de la noticia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que Cúcuta enfrenta una escalada de violencia que ya había sido advertida en alertas tempranas. Sus declaraciones se produjeron después del asesinato de Miguel Castellanos, un atentado con carro bomba y el homicidio del periodista Cristian Herrera. Marín pidió a la Fiscalía y a las autoridades judiciales investigar las posibles conexiones entre estructuras criminales, redes de corrupción y política. La Defensoría también había identificado amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, además de extorsión, microtráfico, trata de personas y explotación sexual en distintas zonas de Norte de Santander.

En pocas palabras

  • Iris Marín pidió investigar posibles vínculos entre grupos criminales y redes de corrupción
  • La Defensoría había emitido alertas sobre amenazas en Cúcuta y Norte de Santander
  • Los ataques recientes incluyen los asesinatos de Miguel Castellanos y Cristian Herrera
  • La alerta también identificó extorsión, microtráfico, trata de personas y explotación sexual

¿Por qué importa?

La situación afecta a funcionarios, candidatos, periodistas, líderes sociales y comunidades de Cúcuta. Las alertas muestran que el riesgo de control criminal no se limita a los atentados más visibles.

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