Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y aspirante a la Alcaldía de la ciudad, fue asesinado a tiros el lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental. El exfuncionario, mayor retirado de la Policía Nacional, se movilizaba en una camioneta blindada y contaba con esquema de protección, pero ese día estaba temporalmente sin sus escoltas.
La ausencia del esquema de seguridad estuvo relacionada con una emergencia familiar. George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, explicó que Castellanos se encontraba en otra ciudad cuando supo que su hermano Jairo estaba hospitalizado y debía recibir atención médica.
Por esa razón, el exsecretario viajó rápidamente en avión a Cúcuta. Sus escoltas, en cambio, emprendieron el recorrido por carretera. Esa diferencia en los desplazamientos hizo que Castellanos llegara a la ciudad sin el acompañamiento habitual durante varias horas.
Fuentes cercanas a la familia señalaron que Jairo Castellanos permanece en una unidad de cuidados intensivos después de sufrir un infarto.
La hipótesis sobre la motocicleta
Las circunstancias exactas del crimen todavía son materia de investigación. Una de las versiones preliminares indica que una motocicleta habría golpeado el vehículo en el que viajaba Castellanos junto con uno de sus hijos.
El exfuncionario se bajó para verificar lo ocurrido. “Lo único que sabemos y lo preliminar es que una persona se acercó a una motocicleta, donde él se bajó a hablar con esa persona y se cometieron los hechos”, explicó Quintero.
Después de ese contacto se habría producido el ataque armado. Los investigadores deberán establecer si el incidente fue accidental o si hizo parte de un plan para obligar a Castellanos a detenerse. También buscan determinar si los responsables conocían sus movimientos y sabían que estaba separado de sus escoltas.
Por ahora, las autoridades no han confirmado que el exsecretario hubiera recibido amenazas recientes.
Recompensa de hasta $100 millones
Castellanos había dejado la Secretaría de Gobierno de Cúcuta en enero de 2026 y avanzaba en su intención de aspirar a la Alcaldía en las elecciones territoriales de 2027.
La Gobernación de Norte de Santander anunció inicialmente una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera identificar a los responsables. Luego de un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Cúcuta elevó la cifra a $100 millones.
El presidente Abelardo de la Espriella condenó el crimen y aseguró que ordenó a la Policía trabajar junto con la Fiscalía para localizar a los responsables. “Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia”, afirmó.