La Alcaldía de Medellín reportó una reducción de los homicidios, los atracos y otras modalidades delictivas durante los primeros 1.000 días de gobierno. Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia, presentó el balance y sostuvo que, pese a los avances, la única tasa tolerable de homicidios debe ser cero.
Desde el centro de Comando del sistema 123, más de 3.400 cámaras están conectadas con la Policía para coordinar respuestas ante incidentes y detectar situaciones que requieren atención inmediata. Villa explicó que la estrategia busca que estos equipos no solo registren los delitos, sino que también permitan anticipar patrones y aportar pruebas para esclarecer los casos.
El funcionario aseguró que Medellín cerró septiembre de 2026 con cinco homicidios, el registro mensual más bajo desde que se realizan estas mediciones, según las cifras presentadas. También afirmó que los homicidios asociados a estructuras criminales bajaron alrededor de 32 por ciento y los relacionados con riñas y conflictos intrafamiliares, 43 por ciento.
Villa atribuyó los resultados al trabajo conjunto de la Policía, la Fiscalía y las comunidades, además de las acciones de prevención y disuasión. Rechazó que la disminución dependa exclusivamente de las conversaciones con estructuras criminales recluidas en la cárcel de Itagüí. Según el balance, Medellín supera el 52 por ciento de esclarecimiento de homicidios, frente al 22 por ciento que el secretario atribuyó al promedio nacional.
Más cámaras, inteligencia artificial y drones
La ciudad proyecta construir el llamado Pentágono de la Seguridad, un edificio de ocho pisos que concentrará dependencias y sistemas tecnológicos de la Alcaldía. La obra tiene un avance del 43 por ciento y, de acuerdo con Villa, entraría en funcionamiento en mayo de 2027.
El proyecto contempla ampliar la red a más de 4.200 cámaras, instalar lectores de placas en vehículos policiales y utilizar inteligencia artificial para identificar horarios, zonas y patrones delictivos. También incluiría un sistema automatizado para despachar drones ante emergencias, accidentes, incendios o atracos.
En la lucha contra el hurto, la Alcaldía creó la Central Estratégica y Articulada contra el Atraco, con fiscales y policías judiciales dedicados a investigar estos hechos. Villa afirmó que los atracos disminuyeron 49 por ciento y que la Policía pasó de contar con unas 40 motos de reacción a casi 200, mientras el Ejército aportó otras 50.
El secretario también reportó una reducción cercana al 30 por ciento en el robo de motocicletas y un aumento en la recuperación de vehículos y celulares. La estrategia incluye operativos semanales definidos según los lugares, horarios y modalidades en los que se concentran los delitos.
Explotación sexual de menores y control migratorio
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes continúa entre las principales preocupaciones de la administración, especialmente en sectores turísticos como el Parque Lleras y algunas zonas del centro. La Alcaldía reportó coordinación con Interpol, Migración Colombia y agencias estadounidenses para identificar posibles agresores y desarticular redes transnacionales.
Según Villa, las inadmisiones de extranjeros pasaron de 40 entre 2021 y 2023 a más de 250 durante el actual gobierno. Además, se registraron 35 ciudadanos extranjeros capturados por explotación sexual y 12 condenados en Colombia o Estados Unidos.
El funcionario insistió en que las medidas están dirigidas contra los criminales y no contra la población migrante. También señaló que la Alcaldía ha expulsado a 27 ciudadanos venezolanos con antecedentes, en coordinación con Migración Colombia.
Villa planteó además la necesidad de contar con herramientas más claras para enfrentar el consumo de drogas en espacios públicos y la reincidencia en el tráfico de estupefacientes, especialmente cerca de parques y lugares frecuentados por menores.
La administración también prevé una cárcel distrital para 2027 y el fortalecimiento de los laboratorios de investigación criminalística. El reto, según el balance presentado, será mantener la reducción de los homicidios y afectar las estructuras que obtienen ingresos del hurto y la extorsión.