El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$450 millones para Colombia con el que busca destrabar las inversiones del sector eléctrico, mejorar la sostenibilidad financiera de las empresas y reforzar la seguridad del suministro.
La operación integra un paquete de US$842 millones que completan US$221 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y US$171 millones del banco alemán KfW, según lo anunció Jaime Pumarejo, director ejecutivo del BID para Colombia y Perú.
Un préstamo atado a reformas, no a una obra
El crédito tendrá un plazo de amortización de 20 años, cinco años y medio de gracia y una tasa de interés referenciada a la SOFR. Al tratarse de un préstamo de apoyo a reformas de políticas, su alcance está ligado a cambios institucionales y regulatorios: el monto no equivale a la financiación directa de una central ni de una obra específica.
La agenda abarca varios eslabones del negocio eléctrico, desde las condiciones para construir centrales y transportar su energía hasta los problemas de distribución y comercialización. El propósito es que un sistema que necesita nuevas inversiones cuente también con reglas que permitan ejecutarlas.
Subastas, baterías y conexiones bloqueadas
Entre las medidas previstas figuran subastas de contratación de energía a largo plazo para proyectos de generación y almacenamiento, con las que se busca dar previsibilidad a los ingresos de las iniciativas. También se contemplan reglas para incorporar baterías al sistema, de modo que la energía pueda guardarse y utilizarse en otro momento.
Otro frente será liberar capacidad de conexión que hoy está bloqueada, porque la ampliación de la oferta no depende solo de construir proyectos: también exige que puedan conectarse y entregar su energía. A eso se suman medidas para facilitar nuevas obras de transmisión, con atención especial al Caribe, una de las regiones más afectadas por las dificultades de distribución y comercialización.
“Este es el primero de muchos esfuerzos que vamos a realizar con el sector”, afirmó Pumarejo desde Washington. El directivo señaló que la cooperación buscará atender los problemas asociados con las tarifas, la insuficiencia de nueva generación y las restricciones que enfrentan las redes.
Las metas: 24 gigavatios y 17 millones de usuarios
El BID calcula que las reformas permitirían crear condiciones para incorporar 24 gigavatios de capacidad al sistema y beneficiar a cerca de 17 millones de usuarios del Sistema Interconectado Nacional. Esas metas están asociadas a la expansión futura y a las inversiones que puedan movilizarse, no a capacidad ya instalada ni a proyectos financiados por completo con este crédito. El anuncio tampoco establece una reducción inmediata de las tarifas.
La ampliación de la cobertura es otro componente del programa. A través de Fonenergía se buscará mejorar el uso de los recursos públicos destinados a la electrificación rural, con una población potencialmente beneficiaria de cerca de 1,3 millones de hogares que hoy carecen del servicio. La iniciativa incluye además acciones para avanzar en la integración eléctrica con los países andinos y Panamá.
El resultado dependerá de cómo se implementen las reformas y de la ejecución de las inversiones, de acuerdo con el alcance informado por el organismo multilateral.