Varios estados de Estados Unidos pidieron a un juez federal que ordene la división de Live Nation, después de que un jurado determinara que la compañía mantiene monopolios ilegales en el negocio de los eventos en vivo. La empresa controla salas, promoción de conciertos, representación de artistas y la venta de entradas a través de Ticketmaster.
La solicitud llega mientras numerosos locales independientes enfrentan dificultades para mantenerse abiertos. Desde 2020 han cerrado unos 480 establecimientos y 240 festivales en el país, según la Asociación Nacional de Locales Independientes. La organización atribuye parte de la crisis a la pandemia y la inflación, pero también al poder de mercado de Live Nation.
Uno de los casos más visibles es el de Crowbar, una sala con capacidad para 300 personas en Tampa, Florida, que funcionó durante dos décadas y cerró definitivamente el 31 de julio. Por su escenario pasaron artistas como OK Go, Kenny Chesney y Chappell Roan, además de músicos locales que encontraron allí sus primeros espacios para presentarse.
Su propietario, Tom DeGeorge, sostiene que Live Nation puede influir en los lugares donde actúan los artistas y competir con los clubes pequeños desde una posición privilegiada. La compañía planea construir cerca de Crowbar un recinto con capacidad para 4.300 personas.
El alcance de Live Nation
Ticketmaster gestiona aproximadamente el 86 % del mercado de conciertos de Estados Unidos y es el mayor operador mundial de venta de entradas. Live Nation también opera cientos de recintos en el país, incluidos 42 de los 50 anfiteatros más importantes, y tiene participaciones en festivales como Lollapalooza y Bonnaroo.
La compañía opera en 55 países y el 43 % de sus ingresos procede actualmente de sus actividades internacionales. El año pasado organizó cerca de 20.000 conciertos fuera de Estados Unidos y Canadá. En Sudamérica incorporó el estadio Vive Claro de Bogotá a su red de escenarios.
Además de la promoción y la boletería, Live Nation tiene empresas de representación artística, marcas de mercancía, compañías de marketing y participación en medios musicales. La compañía afirma que sus distintas áreas le permiten invertir en el ecosistema de la música y que la mayoría de los espectáculos que promociona se realizan en recintos que no son de su propiedad.
Un proceso judicial todavía abierto
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y más de 30 estados demandaron a Live Nation en 2024. El caso expuso prácticas relacionadas con la exclusividad de Ticketmaster y el control de recintos. El Gobierno federal alcanzó posteriormente un acuerdo con la empresa, pero varios estados consideraron insuficientes sus condiciones y continuaron el litigio.
En abril, un jurado federal de Nueva York concluyó que Live Nation había mantenido varios monopolios ilegales, entre ellos impedir que otros promotores alquilaran algunos de sus anfiteatros y cobrar precios excesivos por las entradas. La compañía niega las acusaciones y anunció que apelará.
Los estados solicitan separar Live Nation de Ticketmaster, obligar a la compañía a vender algunos recintos y limitar futuras adquisiciones. También se ha planteado que la empresa se desprenda de su división de representación de artistas.
El juez federal Arun Subramanian aún no ha decidido si anula el veredicto ni ha definido los próximos pasos del proceso. Su decisión determinará si la compañía debe modificar o dividir parte de sus operaciones.
Live Nation sostiene que el sector de los espectáculos es fragmentado y competitivo. También afirma que los cierres de salas pequeñas obedecen a las presiones económicas generales y que sus proyectos pueden ampliar la oferta de música en vivo en ciudades como Tampa.