El Gobierno presentó al Congreso, con mensaje de urgencia, un proyecto para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y atender dos frentes: las consecuencias del terremoto del 10 de agosto y la crisis financiera de Air-e, empresa intervenida que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La iniciativa plantea operaciones por un total de $3,9 billones. De ese monto, $2,7 billones corresponderían a una adición presupuestal para la emergencia sísmica y $1,2 billones a un traslado destinado a cubrir obligaciones de Air-e con generadores de energía.
Recursos para atender los efectos del terremoto
El proyecto adiciona $2,7 billones, equivalentes a $2.708.426 millones, tanto al presupuesto de ingresos como al de gastos de 2026. El dinero quedaría inicialmente en el Ministerio de Hacienda, que lo dirigiría al Fondo Milagro.
Ese fondo fue creado mediante el Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026 para reunir recursos destinados a la atención de los efectos del sismo. Entre sus fuentes están el Presupuesto, las donaciones, la cooperación nacional e internacional, el crédito público y los aportes de entidades territoriales y particulares.
Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, citados en el proyecto con corte al 15 de septiembre, la emergencia dejaba 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 243.409 viviendas afectadas en 16 departamentos declarados en emergencia.
Los recursos se financiarían con el recaudo esperado de los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios establecidos por el Decreto Legislativo 1419 de 2026. Esas medidas permiten a contribuyentes en mora pagar el capital completo, intereses moratorios a una tasa del 4,5 % anual y el 15 % de las sanciones.
Los beneficios estarán vigentes hasta el 19 de noviembre. El propio proyecto advierte que el recaudo efectivo dependerá de cuántos contribuyentes se acojan a ellos dentro del plazo.
Traslado para cubrir las obligaciones de Air-e
La segunda operación contempla trasladar $1,2 billones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para cubrir obligaciones pendientes de Air-e con generadores de energía. El dinero saldría de apropiaciones que ya estaban incluidas en el Presupuesto 2026, mediante contracréditos y créditos.
Por esa razón, el traslado no aumentaría el monto total del Presupuesto General de la Nación. Del total, $750.000 millones provendrían del Ministerio de Hacienda, de un rubro de inversión para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía.
Minas y Energía explicó que cuenta con $5,7 billones autorizados para subsidiar las tarifas de los hogares de estratos 1, 2 y 3. Como el costo proyectado de esos subsidios sería cercano a $5,25 billones, quedarían disponibles unos $450.000 millones sin afectar el pago previsto para este año.
El proyecto calcula que los $1,2 billones corresponden a una proyección de la deuda de Air-e con las empresas térmicas y plantea utilizarlos como una salida temporal mientras se define una solución de fondo. El giro se haría a los acreedores, con cargo a obligaciones liquidadas por los administradores del mercado eléctrico.
“Este recurso tiene un único propósito, que es el de ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema eléctrico en la costa Caribe. Este recurso no es para salvar Air-e. Esto es para atender las obligaciones que tiene esa compañía temporalmente”, señaló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, los $1,2 billones se sumarían a los $300.000 millones que Hacienda ya giró. En conjunto, alcanzarían los $1,5 billones anunciados para proteger la continuidad del servicio de energía eléctrica ante el posible fenómeno de El Niño.
El proyecto aún debe ser aprobado
Air-e está bajo control de la Superintendencia desde septiembre de 2024 y su intervención pasó a tener fines liquidatorios en enero de 2025. La empresa atiende a cerca de 1,4 millones de usuarios, equivalentes al 11,1 % de la demanda del sistema.
El proyecto cita proyecciones de XM según las cuales los impagos de Air-e podrían afectar a más de 18 comercializadores que representan cerca del 41 % de la demanda nacional. También menciona un análisis de mediados de 2025 que identificó posibles déficits de caja en nueve de las 17 empresas con plantas térmicas.
La propuesta deberá surtir el trámite legislativo antes de que puedan ejecutarse los traslados. El Gobierno enfrenta además el vencimiento, el 19 de noviembre, de los alivios de la DIAN con los que espera financiar la adición para la emergencia. El proyecto también advierte sobre la necesidad de contar con recursos para el sector eléctrico antes del posible punto máximo de El Niño, cuya probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre fue estimada en cerca del 81 % por el Ideam.