La Superintendencia de Sociedades dejó sin efectos jurídicos el acuerdo de reorganización de Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), aprobado en noviembre de 2023. La entidad concluyó que la empresa no reunió los avales necesarios para respaldar el pago de sus compromisos pensionales, una condición para ejecutar el acuerdo. La decisión fue adoptada el 6 de noviembre.
El calendario le da 15 días desde que la decisión quede en firme para presentar ante la Superintendencia de Transporte la solicitud de autorización de su mecanismo de normalización pensional. Una vez radicada, contará con dos meses para obtener el visto bueno de esa entidad y el concepto favorable del Ministerio del Trabajo.
Los plazos que tiene Helicol
Si se incumplen los plazos o las autoridades rechazan las solicitudes, el acuerdo quedará definitivamente sin efecto y se ordenará abrir la liquidación judicial. Ese escenario implicaría iniciar la venta de activos de la empresa para atender sus deudas conforme a las reglas legales.
El origen de la disputa está en cómo la compañía planeaba asegurar las pensiones de sus extrabajadores. El esquema preveía que Valorem S.A.S. aportara los recursos para las pensiones de tierra, mientras que las de vuelo se cubrirían con la integración a la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac).
La empresa se apoyaba en un laudo arbitral de 2015, pero la Superintendencia precisó que el compromiso de Valorem no sustituía los permisos legales. La aprobación de los cálculos actuariales tampoco llenaba ese vacío. El expediente indica que Helicol nunca presentó formalmente la solicitud ante la Superintendencia de Transporte. El Ministerio del Trabajo, por su parte, no dio un concepto favorable porque consideró que faltaba el procedimiento legal previo.
El proceso también debe incluir los bonos y títulos pensionales de los aviadores trasladados a otras administradoras. Esas obligaciones no quedan cubiertas solo con el paz y salvo de Caxdac.
Qué pasa mientras se define
La medida no libera a la empresa de todas sus obligaciones. Mientras se define su situación, deberá seguir cubriendo los gastos de administración del proceso, como salarios, mesadas vigentes y aportes a seguridad social. En cambio, los pagos y plazos acordados con los acreedores no son exigibles mientras el acuerdo siga sin efectos.
El regulador también cerró la audiencia que adelantaba desde 2024 para evaluar un posible incumplimiento. A su juicio, no tenía sentido declarar incumplido un compromiso que ya no produce efectos.