Tres adendas al contrato GG-077-2022 de la estatal panameña Etesa elevaron en US$118,7 millones la inversión de las empresas Iverco y la venezolana Neminca, que pasó de US$35,9 millones a US$154,6 millones: un aumento de 331% sobre el monto original.
El contrato fue adjudicado en 2022 al Consorcio Panamá II para ampliar la capacidad de una línea de transmisión que atraviesa Veladero, San Bartolo, Llano Sánchez, El Coco y Panamá II. La primera modificación, aprobada por la Contraloría General en octubre de 2024, sumó US$8,8 millones. La segunda, refrendada en noviembre de 2025, agregó US$14,9 millones. La tercera, avalada en mayo de 2026, aportó US$95 millones. Las dos últimas correspondieron a trabajos adicionales y las tres se aprobaron bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, de la que depende la transmisora.
Un segundo contrato con el mismo consorcio
Un año después, ambas firmas obtuvieron otro contrato de Etesa, el GG-037-2023, a través del Consorcio LT1 Veladero-Panamá, para aumentar la capacidad y modernizar una línea de alta tensión de 230 kV que conecta subestaciones del interior del país con la provincia de Panamá. El monto inicial era de US$96,8 millones y recibió dos modificaciones: una de US$20,2 millones aprobada en vísperas de la Navidad de 2024 y otra de US$56 millones refrendada en noviembre de 2025. Terminó en US$173 millones, con un alza de US$76,2 millones, equivalente a 79%.
Hay un tercer contrato, el GG-019-2025, por US$99,2 millones, refrendado el 1 de agosto de 2025 y adjudicado a otro consorcio en el que también participan Iverco y Neminca. Ese aún no registra adendas. En total, los contratos originales de ambas empresas con Etesa sumaban US$231,9 millones y, tras las modificaciones, alcanzan los US$426,8 millones, un incremento de 84%.
Si las adendas se miran por periodo de gobierno, US$29 millones se aprobaron durante la gestión del anterior contralor, Gerardo Solís, y los restantes US$166 millones bajo la actual contralora, Anel Flores.
Los nombres detrás de las firmas
El abogado Líctor Reyna es el agente residente tanto de Iverco como de Neminca. Su antiguo socio, Ewaldo Pitti, fue director de Asesoría Legal de Etesa entre julio de 2024 y julio de 2025. Ambos han sido reconocidos con el título de Gran Maestro de la Gran Logia de Panamá. La relación fue más allá de lo formal: el gerente de la estatal, Roy Morales, le concedió a Pitti en mayo de 2025, por una semana, la facultad de firmar los documentos de los procesos de selección de contratistas, así como los contratos, adendas y órdenes de compra.
En el centro de la red aparece Roberto Carretero, un empresario incluido en 2025 en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que años antes fue procesado por la venta de instrumentos musicales al estatal Programa de Ayuda Nacional durante el gobierno de Ricardo Martinelli. La propiedad de Iverco ha sido objeto de contradicciones: en 2022, José del Carmen Ureña González aseguró bajo juramento ante Etesa que era el beneficiario final del 100% de las acciones, mientras que en una licitación de 2018, cuando actuaba como representante legal, señaló como dueño a Ismael Gutiérrez. Carretero no respondió a una solicitud de aclaración; su abogada, Marcela Araúz, advirtió que no se podía usar lo que su cliente declaró para defenderse en los procesos en los que fue investigado.