La Procuraduría mantiene bajo seguimiento el contrato suscrito por Air-e con China National Machinery Exports and Imports Corporation, CMC, para gestionar financiación de hasta $1 billón destinada a proyectos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El acuerdo, firmado el 19 de agosto de 2026 y con una duración de 60 meses, fue revisado por el organismo de control junto con sus anexos y la documentación solicitada a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Procuraduría señaló que encontró aspectos que requieren especial vigilancia por sus posibles efectos financieros y operativos sobre la empresa intervenida y la prestación del servicio.
La entidad también revisa las actuaciones de los agentes especiales Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago, este último responsable de suscribir el contrato con CMC.
El contrato todavía no había desembolsado recursos
Jaime Mesa defendió el acuerdo antes de dejar el cargo y afirmó que no existía ninguna irregularidad. Según explicó, Air-e todavía no había recibido dinero, porque el desembolso dependía de la aprobación de un comité técnico. También indicó que los pagos comenzarían un año después de que cada proyecto entrara en funcionamiento.
La Procuraduría informó que busca reconstruir la trazabilidad completa de la negociación, identificar la participación y las decisiones adoptadas durante las distintas administraciones y establecer eventuales responsabilidades y riesgos derivados de la estructuración y firma del negocio.
El organismo aseguró que mantendrá su vigilancia preventiva y de control de gestión sobre Air-e. El seguimiento se desarrolla mientras la empresa continúa intervenida y mientras se evalúan las decisiones relacionadas con el acuerdo de financiación y sus posibles efectos sobre la operación del servicio eléctrico.