Los trámites para desarrollar proyectos, el crecimiento de la demanda y la expansión de los vehículos eléctricos se convirtieron en los principales retos del sector eléctrico colombiano hacia 2030, según las empresas y gremios que participaron en un encuentro sobre electrificación realizado en Bogotá.
Los participantes señalaron que algunos permisos podrían resolverse en seis meses, pero terminan tardando más de dos años. Juan Carlos Hernández, líder de proyectos de transmisión y distribución de Celsia, explicó que los permisos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para obras que cruzan corredores concesionados no tienen plazos definidos por ley.
A las demoras se suman situaciones como la retención de maquinaria, el cierre de vías por parte de comunidades y la falta de personal en algunas entidades. Asoenergía propuso crear una gerencia dedicada a destrabar proyectos, con un modelo similar al utilizado para las concesiones viales de cuarta generación.
Más demanda y expansión del transporte eléctrico
Acolgen reportó que el consumo de energía crece cerca de 7 % mensual, impulsado por las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño. Esa cifra supera las proyecciones con las que se planeó el sistema, que contemplaban un crecimiento cercano al 3 %.
La electrificación del transporte añade presión. Fenalco, con base en datos del RUNT, informó que entre enero y septiembre se matricularon cerca de 40.000 vehículos eléctricos nuevos, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. El gremio identificó la disponibilidad de puntos de recarga como uno de los principales desafíos, especialmente en edificios antiguos.
La industria también advirtió que algunas empresas han visto aumentar hasta 500 % el precio del gas en menos de dos años. El encarecimiento las ha llevado a utilizar combustibles líquidos y ha afectado su competitividad.
Generación, redes y competencia industrial
Luis Ernesto Silva Monterrey, presidente de Centelsa by Nexans, afirmó que la industria nacional necesita competir en condiciones similares a las de los importadores. Según explicó, la Ley 1715 de 2014 permite que quienes importan equipos para energías renovables estén exentos de IVA, mientras los fabricantes locales deben asumir ese impuesto como un costo.
El directivo señaló que más del 80 % de la nueva generación de energía procede de fuentes renovables. Colombia cuenta con unos 21 gigavatios de capacidad instalada y aspira a alcanzar 42 gigavatios entre 2035 y 2040.
La expansión también aumentará la presión sobre el mercado del cobre. De acuerdo con los cálculos expuestos por Silva Monterrey, hacia 2030 la demanda podría superar la oferta en cerca de 7 millones de toneladas.
Los generadores pidieron priorizar las subastas del cargo por confiabilidad, mecanismo que busca asegurar energía disponible durante periodos de sequía. También reclamaron más inversión en redes, una solución estructural para el servicio en el Caribe y avances en la interconexión eléctrica con Panamá, Ecuador y Venezuela.
Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, describió la situación como una combinación de fallas estructurales y coyunturales. El dirigente pidió políticas de Estado que no dependan del gobierno de turno.
Pedraza además alertó sobre el ingreso de productos falsificados o de baja especificación técnica. Según afirmó, estarían llegando cables de origen chino que no cumplen las condiciones exigidas, por lo que la Cámara entregó al Gobierno argumentos técnicos para solicitar una investigación. El gremio sostiene que esos productos afectan a la industria nacional y pueden representar riesgos para la seguridad.