El Gobierno expidió el Decreto 1525, que regula la actuación de las autoridades durante las protestas sociales en Colombia. La norma fue firmada el 13 de octubre por el presidente y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, horas antes de la movilización nacional convocada para este miércoles 14 de octubre.
El decreto establece que la mediación debe ser la primera opción institucional y que las autoridades deben privilegiar el diálogo. Sin embargo, aclara que ese procedimiento no impide intervenir cuando se presenten actos vandálicos, porte de armas de fuego o cortopunzantes, uso de artefactos incendiarios o retención de personas contra su voluntad.
También contempla la intervención cuando haya agresiones contra misiones médicas o medios de comunicación, afectaciones a los servicios públicos o riesgos para el abastecimiento de medicamentos. La obstrucción total o parcial de una vía, por sí sola, no cambia el carácter pacífico de una manifestación.
Cinco niveles de actuación
El Decreto 1525 fija una ruta de cinco niveles. Primero actuarán los gestores de convivencia de las alcaldías, seguidos por el diálogo directo con los manifestantes y una instancia de mediación. Si persisten los hechos violentos, el alcalde podrá ordenar una fase de disuasión desde el Puesto de Mando Unificado.
Como último recurso aparece la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, anteriormente conocida como Esmad. En los Puestos de Mando Unificado también podrán participar representantes de los gremios y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La norma ordena a las autoridades territoriales y a la Policía garantizar la habilitación y el mantenimiento de los corredores solidarios. Además, alcaldías y gobernaciones tendrán un plazo de 72 horas para publicar un balance oficial de las afectaciones y activar las rutas de atención humanitaria correspondientes.