El Congreso y el Gobierno revisan si el trámite del presupuesto de 2027, aprobado por $634,9 billones en la madrugada del 20 de octubre, quedó afectado por una proposición que habría sido incluida en la Cámara sin discusión previa en el Senado.
La diferencia estaría relacionada con el artículo 65. De acuerdo con las verificaciones adelantadas por asesores jurídicos del Senado, la Cámara, la Casa de Nariño y los ministerios del Interior y de Hacienda, el texto aprobado por el Senado no contenía la proposición que posteriormente apareció en el articulado avalado por la Cámara.
La diferencia entre los textos aprobados
Según las actas revisadas, el Senado habría aprobado el texto completo del presupuesto sin votar esa proposición. Sin embargo, funcionarios encargados de consolidar el documento final la habrían incluido como aprobada antes de que el proyecto llegara a la Cámara.
La consecuencia que se analiza es un posible vicio de trámite, porque las dos corporaciones habrían votado textos diferentes y no se habría realizado la conciliación correspondiente. El secretario general del Senado, Diego González, confirmó que en el enlace oficial de las proposiciones aprobadas por esa corporación no aparece ninguna relacionada con el artículo 65.
“En mi condición de Secretario General del Senado, dejo expresa constancia de que impartí instrucciones a la Sección de Relatoría para que se remitiera el enlace oficial que contiene la totalidad de las proposiciones aprobadas por la Plenaria del Senado. En dicho enlace no figura proposición alguna aprobada respecto del artículo 65”, señaló González.
El Gobierno estudia expedirlo por decreto
Mientras se determina el alcance del problema, el Ejecutivo analiza la posibilidad de expedir el presupuesto mediante decreto. La tesis jurídica de la Casa de Nariño sostiene que seguirían vigentes las facultades de traslado presupuestal otorgadas al Gobierno durante la aprobación en las comisiones económicas.
De mantenerse esa interpretación, el decreto recogería el texto aprobado en primer debate por las comisiones, incluidos los recortes a la Jurisdicción Especial para la Paz y a otras entidades que generaron discusión durante el trámite.
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, afirmó que la diferencia entre los documentos configuraría un vicio de inconstitucionalidad. En contraste, el senador Carlos Meisel sostuvo que las votaciones del Senado no tuvieron vicios y que, si el problema se originó después en la Cámara, no necesariamente invalidaría todo el proceso.