Salir de casa, ir al colegio, trabajar el campo o buscar atención médica puede convertirse en una amenaza para cientos de miles de colombianos confinados por grupos armados. La Defensoría del Pueblo registró más de 128.000 víctimas en 2025, mientras expertos y organismos internacionales advierten que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y que el país necesita presencia permanente del Estado en los territorios.