El proyecto para crear una nube soberana de Colombia con centros de datos en el Caribe quedó en entredicho por alertas técnicas, financieras y de procedimiento que circularon dentro del Gobierno. La iniciativa, encabezada por InterNexa, fue seleccionada en una convocatoria de Minciencias que destinó $630.000 millones de regalías para infraestructura de inteligencia artificial.
La propuesta contemplaba construir dos centros de datos, uno en Santa Marta y otro en la Zona Bananera, además de desarrollar modelos de inteligencia artificial. InterNexa se presentó junto con la Universidad del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena.
El proyecto surgió después de que el Gobierno promoviera una alianza con el grupo empresarial G42 para construir centros de datos en el Caribe. En ese momento, el entonces presidente Gustavo Petro habló de una infraestructura para impulsar la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica del país.
Alertas sobre la evaluación y los recursos
La convocatoria fue abierta en octubre de 2025 y recibió únicamente dos propuestas. InterNexa obtuvo la mayor calificación y quedó como único participante seleccionado en el listado publicado el 29 de diciembre de ese año.
El otro grupo participante cuestionó la evaluación y alegó una posible vulneración del debido proceso, la transparencia, la igualdad y la publicidad. Sus integrantes finalmente desistieron de iniciar acciones, después de detectar tensiones con otras entidades públicas.
También hubo reparos por el plazo para presentar las propuestas. Varios integrantes del órgano encargado de aprobar los proyectos de regalías consideraron insuficientes los 11 días inicialmente previstos para estructurar una iniciativa de esa magnitud. Aunque el plazo final fue de un mes, algunos exfuncionarios señalaron que seguía siendo limitado.
La Procuraduría advirtió sobre riesgos en la estructuración de la convocatoria y en la evaluación de las propuestas. En la sesión que debía dar el aval definitivo, varios representantes defendieron el proceso, mientras el vicerrector de la Universidad Cooperativa, Leonardo Fabio Galindo, se apartó del voto favorable de las universidades porque consideró que no hubo una mesa técnica previa.
El informe del DNP
Un documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación cuestionó la pertinencia técnica del proyecto para ser presentado como una nube soberana nacional. El análisis le otorgó una calificación de 1,6 sobre 10 y concluyó que se trataba de una nube privada alojada en Colombia, operada por InterNexa sobre tecnología de Alibaba.
El informe señaló que las compras futuras debían hacerse exclusivamente con Alibaba Apsara y advirtió sobre la dependencia de proveedores sujetos a restricciones geopolíticas. También mencionó a Huawei como aliado estratégico y recordó que esa empresa enfrenta restricciones de exportación de Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, seis de los nueve servicios en la nube presentaban un riesgo alto de dependencia del proveedor y los otros tres un riesgo medio. Ninguno tenía un riesgo bajo, lo que, según el análisis, afectaba la portabilidad y la interoperabilidad del sistema.
El DNP también cuestionó una inversión superior a $337.000 millones para construir un centro de datos modular, porque no estaba respaldada por una cotización formal y desglosada. El documento planteó que debían presentarse al menos tres cotizaciones y señaló dudas sobre la infraestructura eléctrica y la concentración de los dos centros de datos en un mismo departamento.
El Ministerio de Ambiente, por su parte, pidió garantizar la mitigación de riesgos técnicos, la competencia entre oferentes, la coherencia de los cronogramas y la sostenibilidad financiera. La entidad se abstuvo de emitir un concepto favorable o desfavorable.
ISA e InterNexa dicen que evitaron la ejecución
ISA e InterNexa informaron que presentaron ante la Contraloría General de la República un reporte sobre las medidas adoptadas para evitar la ejecución del proyecto y solicitaron que las autoridades determinen las responsabilidades individuales que correspondan.
Las empresas también señalaron que recibieron confirmación sobre la liberación de los $630.000 millones, que quedarían disponibles para ser utilizados en otros proyectos. El Ministerio de Ciencias no respondió sobre el destino de esos recursos.
El futuro de los terrenos donde se planeaban los centros de datos tampoco estaba definido. Uno de ellos, ubicado en Santa Marta, tiene 13 hectáreas y parte de su extensión había pertenecido a un narcotraficante antes de ser entregada a entidades estatales.
El exministro y funcionarios consultados defendieron la importancia estratégica de desarrollar capacidades propias de inteligencia artificial. Sin embargo, las alertas conocidas plantean dudas sobre la viabilidad técnica, la independencia tecnológica y la forma en que se evaluó el proyecto antes de comprometer recursos públicos.