Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inspeccionaron este jueves 15 de octubre la sede de la Dirección Nacional de Bomberos, en Bogotá. La diligencia fue ordenada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y busca recopilar evidencia dentro de una indagación por presuntas irregularidades contractuales.
La investigación se relaciona con contratos suscritos para atender la emergencia provocada por la temporada de lluvias de febrero, que, según las cifras citadas por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, afectó a ocho departamentos y dejó cerca de 250.000 personas afectadas.
Las denuncias del Ministerio del Interior
El pasado 7 de octubre, Lara anunció la presentación de denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por posibles irregularidades en la contratación de la entidad. El funcionario afirmó que los posibles sobrecostos ascenderían a COP 62.000 millones.
Según el ministro, la Dirección Nacional de Bomberos declaró una urgencia manifiesta durante la emergencia, lo que permitió contratar directamente. Lara sostuvo que de los COP 42.000 millones contratados, solo COP 313 millones se habrían destinado a atender las inundaciones, mientras que el resto habría correspondido a equipos como trajes para incendios, sistemas de respiración y materiales peligrosos.
El jefe de la cartera también cuestionó el contrato 076, firmado inicialmente por COP 16.000 millones con la empresa McKai Soluciones de Barranquilla y posteriormente aumentado a COP 24.000 millones. Afirmó que se habrían cobrado 744 equipos, aunque al almacén ingresaron 670.
Lara agregó que parte de los materiales habría permanecido en las bodegas del contratista y que al contrato se le sumaron COP 8.000 millones. También mencionó posibles pagos posteriores a las elecciones y la firma de contratos durante la vigencia de la Ley de Garantías.
Las afirmaciones del ministro hacen parte de las denuncias que originaron la investigación. La inspección de la Fiscalía busca establecer qué ocurrió con los contratos y recopilar elementos materiales probatorios; por ahora, no representa una decisión judicial sobre responsabilidades.