Los ataques con drones contra la Fuerza Pública en Huila elevaron la preocupación entre las autoridades y las comunidades del departamento. El caso más reciente ocurrió en Teruel, donde un artefacto explosivo cayó en el patio de una vivienda, al parecer por una falla en la manipulación del dispositivo o por las condiciones del viento. No se reportaron civiles heridos.
Este sería el séptimo ataque registrado en los últimos dos meses. La situación llevó a trasladar preventivamente a más de 300 estudiantes, debido a la cercanía de su institución educativa con una estación de Policía.
Autoridades evalúan nuevas medidas
Entre las propuestas para reforzar la seguridad están la instalación de estructuras de malla en algunas estaciones y el uso de cámaras de alta tecnología para apoyar las labores de vigilancia e inteligencia.
Camilo Castillón, secretario de Gobierno, explicó que adquirir equipos antidrones representa un desafío económico y operativo para el departamento. Según indicó, estos dispositivos pueden costar entre uno y dos millones de pesos y ofrecer una cobertura aproximada de uno a tres kilómetros.
El funcionario también advirtió que la tecnología utilizada por los delincuentes evoluciona de manera constante, por lo que algunos sistemas de inhibición podrían quedar obsoletos en pocos meses.
La Gobernación informó que ya adquirió equipos a través del Fondo de Seguridad Territorial y que adelanta procesos de contratación para incorporar drones y otras herramientas tecnológicas. La Fuerza Pública también cuenta con algunos sistemas inhibidores instalados en puntos considerados estratégicos.