El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia abrió una disputa política sobre la memoria histórica, la curaduría y el papel de las instituciones culturales durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Las obras abordaban temas como diversidad sexual, luchas feministas, el conflicto armado, la Constitución de 1991, el proceso de paz y dirigentes políticos asesinados.
La decisión provocó críticas de artistas, académicos, organizaciones culturales y sectores de oposición. La senadora Jennifer Pedraza anunció que citará a la ministra de Cultura, Paola Holguín, a un debate de control político por lo que considera un acto de censura y una intervención indebida en la autonomía de las instituciones culturales.
El Gobierno ha defendido la revisión de las exposiciones y sostiene que durante años los espacios culturales estuvieron dominados por una sola visión ideológica. Desde esa perspectiva, retirar determinadas piezas o cuestionar algunos discursos sería una forma de corregir un desequilibrio y no de censurar.
El presidente afirmó que la cultura no debe utilizarse como instrumento ideológico y que las instituciones estatales deben garantizar la libertad cultural. Sin embargo, también dijo haber ordenado retirar de los espacios públicos lo que calificó como una "oda al terrorismo" y una "apología al terrorismo", en referencia a figuras como Carlos Pizarro.
La ministra Holguín, por su parte, ha hablado de una "contrarrevolución cultural" para impedir que los espacios culturales sean "captados por el social-comunismo". El Ejecutivo también ha planteado una lucha contra el denominado "wokismo", al que atribuye una distorsión de la historia y la imposición de agendas ideológicas.
Protestas frente al museo
Durante dos días consecutivos, cientos de personas se concentraron frente al museo para rechazar el retiro de las obras. La protesta escaló cuando la Unidad Nacional Antidisturbios intervino el plantón con tanquetas, gases y chorros de agua, según los reportes citados en la fuente. Algunos manifestantes también lanzaron objetos contra los uniformados.
La controversia trascendió las salas del museo y llegó a las calles de Bogotá. Para los sectores críticos, sacar determinadas narrativas de la exposición afecta la representación de mujeres, comunidades LGBTIQ+, víctimas del conflicto, pueblos étnicos y sectores políticos que hacen parte de la historia reciente del país.
El debate de fondo no se limita a si una pieza debe permanecer en una vitrina. También plantea quién tiene la facultad de definir qué relatos se muestran en un museo público y cómo se construye, desde el Estado, la memoria colectiva de Colombia.