La deuda bruta del sector público nacional llegó a $1.068 billones al cierre de agosto de 2026, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República. El monto refleja las obligaciones que debe atender el Estado para financiar su funcionamiento, pagar intereses y conservar recursos para la inversión.
Del total, $818,81 billones correspondían a deuda interna, equivalente al 76,6 %, mientras que $249,52 billones eran obligaciones externas, que representaban el 23,4 %.
Frente al cierre de 2025, la deuda interna aumentó en $78 billones. La deuda externa, en cambio, disminuyó al medirla en pesos, principalmente por la caída del dólar. Esa variación cambiaria no significa necesariamente que el país haya pagado una suma equivalente de sus obligaciones externas.
El peso de los TES y los vencimientos de 2027
Una parte importante del endeudamiento interno está representada en TES clase B, títulos que el Gobierno emite para obtener recursos de los inversionistas. Los TES de largo plazo sumaban $748,01 billones, equivalentes al 70 % de la deuda nacional y al 91,4 % de la deuda interna. Además, había $52,63 billones en títulos de corto plazo.
El calendario de pagos también plantea una presión para las finanzas públicas. En 2027, Colombia tendría que atender $78,46 billones en deuda interna, entre obligaciones de corto y largo plazo, además de los compromisos correspondientes a la deuda externa.
La advertencia sobre el déficit fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha señalado la necesidad de aplicar ajustes para estabilizar la deuda. En su informe de septiembre de 2026, calculó que el déficit total del Gobierno podría cerrar el año en 7,8 % del PIB, por encima del 7,2 % proyectado oficialmente.
El organismo también sostuvo que Colombia necesita un ajuste estructural para estabilizar el endeudamiento y regresar plenamente a la regla fiscal a partir de 2028. En julio, el gasto en intereses equivalía al 27,5 % de los ingresos tributarios, una proporción superior al promedio histórico.
El economista David Pérez-Reyna, de la Universidad de los Andes, explicó que un mayor endeudamiento del Gobierno puede presionar las tasas de interés y reducir los recursos disponibles para la inversión privada. Ese efecto puede encarecer los créditos de vivienda, consumo o inversión empresarial si las condiciones financieras permanecen restrictivas durante un periodo prolongado.
La presión fiscal no se traduce automáticamente en un impacto igual para todos, pero puede reducir el espacio para financiar nuevas obras, programas sociales e inversión pública. Por eso, el debate no se limita al monto adeudado, sino también al costo de pagarla y al margen que queda para atender otras necesidades del país.