El gobierno francés endureció las operaciones de seguridad después de un fin de semana de disturbios que dejó más de 3.000 comercios saqueados, edificios públicos incendiados y duros enfrentamientos con la Policía. Las movilizaciones comenzaron el sábado 17 de octubre como una protesta contra el encarecimiento de la vida, pero derivaron en hechos violentos en varias ciudades.
Las autoridades reportaron más de 2.500 detenidos y cerca de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos. También se registraron vehículos incendiados, daños en el ayuntamiento de Limoges y afectaciones en la sede municipal de Marsella.
El gobierno reconoce fallos en la respuesta
El presidente Emmanuel Macron reconoció el lunes 19 de octubre que hubo “fallos” en la gestión de la crisis y pidió establecer “nuevos modos operativos” para poner fin a las barricadas y los saqueos. Tras una reunión de emergencia, el primer ministro Sébastien Lecornu descartó declarar el estado de emergencia y anunció restricciones parciales.
Laurent Nuñez, ministro del Interior, admitió que la Policía perdió el control en algunas ciudades y que hubo fallas en la preparación del operativo. “No puedes mirar a los comerciantes a la cara cuando tienes cientos de comercios que han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control sobre algunas de estas grandes ciudades”, afirmó.
Nuñez calculó que unos 60.000 integrantes de las fuerzas de seguridad fueron movilizados en todo el país, aunque consideró que el número resultó insuficiente frente a la cantidad de personas involucradas en los disturbios. El ministro presentó su dimisión, pero Macron la rechazó para garantizar la continuidad del mando durante la crisis.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, sostuvo que las autoridades habían “fallado indiscutiblemente” y cuestionó la capacidad de los servicios de inteligencia para anticipar las acciones de grupos de extrema izquierda.
Restricciones y apoyo a los comerciantes
Marsella prohibió las manifestaciones entre las 12:00 y las 20:00. Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó un toque de queda nocturno hasta el domingo 25 de octubre. El gobierno también anunció medidas de desempleo parcial y un fondo específico de apoyo para los comerciantes afectados.
Las restricciones no frenaron todas las movilizaciones. El lunes 19 de octubre, manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre en respaldo a estudiantes que reclaman mejores condiciones en los liceos desde finales de septiembre. El movimiento de los chalecos amarillos también anunció nuevas protestas.
La violencia provocó reacciones fuera de Francia. La Comisión Europea calificó de inaceptables los incendios, los saqueos y los ataques contra personas y edificios públicos, mientras Alemania recomendó prudencia a sus ciudadanos ante la posibilidad de nuevos disturbios.
Presión política y económica
Macron acusó a “grupúsculos de ultraizquierda” y a “delincuentes” de los disturbios durante un discurso televisado seguido por 16,7 millones de personas. El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, denunció que “calles enteras” fueron “sistemáticamente devastadas”, aunque pidió diferenciar las reivindicaciones sociales de los actos violentos.
La oposición cuestionó la capacidad del gobierno para anticipar la violencia y responder al malestar por el costo de la vida. Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, afirmó que “el poder desertó por completo”.
A la crisis social se suma la presión sobre las finanzas públicas. El gobierno, que está en minoría, busca aprobar un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para 2027. La analista Kathleen Brooks advirtió que un fortalecimiento electoral de Marine Le Pen podría aumentar la incertidumbre sobre el futuro de Francia en la Unión Europea y provocar nuevas caídas del euro.