Danilo Rojas Betancourth fue elegido como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El magistrado obtuvo los 23 votos necesarios en la Sala Plena y asumirá el cargo en noviembre, con el desafío inmediato de administrar una entidad que tendrá menos recursos y enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad.
El Congreso aprobó para 2027 una reducción de $307.245 millones frente a los $947.648 millones solicitados por la JEP. Con el ajuste, la jurisdicción contará con $640.403 millones. De ese recorte, $170.000 millones serán destinados al Consejo Superior de la Judicatura y $11.400 millones pasarán al Ministerio de Defensa para indemnizaciones a familiares de policías y militares víctimas de las antiguas Farc.
Un presupuesto que pone a prueba las funciones de la JEP
Alejandro Ramelli, actual presidente de la entidad, dejará el cargo el 4 de noviembre y ya había advertido que una reducción de ese tamaño podría poner en riesgo la protección de víctimas y comparecientes, la transmisión de audiencias, el monitoreo y la verificación de las primeras sentencias emitidas en 2025.
Para Paula Vargas García, investigadora del Instituto para las Transiciones Integrales, el nuevo presidente tendrá que revisar los gastos y definir cuáles actividades son esenciales. La experta señaló que algunas audiencias relacionadas con la persecución penal podrían no requerir transmisión y citó costos logísticos cercanos a $50 millones.
Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, advirtió que la falta de recursos puede generar riesgos en la protección, los sistemas audiovisuales y digitales, el manejo de archivos y el acompañamiento a víctimas y comparecientes. A su juicio, la JEP deberá ajustar sus métodos de trabajo y redistribuir tareas.
Diálogo con el Gobierno y defensa de la autonomía
Rojas también tendrá que fortalecer la relación de la JEP con el Gobierno Nacional, el Congreso y las demás instituciones encargadas de cumplir las sanciones. Las organizaciones consultadas consideran que esos puentes serán necesarios para gestionar los presupuestos de 2027 y 2028 y evitar mayores afectaciones a la labor de la jurisdicción.
La experiencia de Rojas como expresidente del Consejo de Estado podría facilitar el diálogo con la Rama Judicial. Sin embargo, las conversaciones no deberían comprometer la independencia de la JEP. “El diálogo no significa poner a disposición de nadie la autonomía o la independencia de la JEP. Esos principios son innegociables”, señaló el magistrado, según la información citada en la fuente.
La nueva presidencia también tendrá que responder a dos proyectos de reforma. Uno, promovido por el senador Enrique Gómez, busca reducir a diez años el periodo de funcionamiento de la JEP. El otro, presentado por el Centro Democrático, propone que las sentencias contra antiguos agentes del Estado sean revisadas automáticamente por el Tribunal Superior Militar y Policial.
La agenda de Rojas estará marcada por la necesidad de reducir gastos sin desatender las obligaciones constitucionales de la JEP, sostener el cumplimiento de las sanciones y responder a los cuestionamientos sobre el desempeño de la justicia transicional.