El Gobierno de Javier Milei incluyó a las guerrillas colombianas del ELN y las FARC-EP en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET. La decisión fue divulgada en un comunicado de la Oficina del Presidente argentino el miércoles 21 de octubre.
La medida también alcanzó al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana, de México, así como a Los Tiguerones, de Ecuador. La determinación fue adoptada en coordinación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Los argumentos del Gobierno argentino
En el caso de las organizaciones colombianas, el Ejecutivo argentino las describió como guerrillas insurgentes de extrema izquierda con fundamentos en el marxismo-leninismo y la revolución armada. También sostuvo que su capacidad operativa y su expansión regional representan un riesgo para la seguridad nacional de Argentina.
El comunicado afirmó que las estructuras del ELN y las FARC-EP tendrían redes capaces de extender sus actividades hacia territorio argentino. Además, vinculó sus acciones con levantamientos armados y violaciones de derechos humanos en Colombia y otros países de la región.
Los otros grupos incluidos en el registro
Argentina señaló al Cártel de Sinaloa por actividades relacionadas con el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos. A La Nueva Familia Michoacana le atribuyó participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.
Sobre Los Tiguerones, el Gobierno argentino indicó que la organización se dedica al narcotráfico y al sicariato. También recordó que el grupo surgió de una división de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, organización que Argentina ya había declarado terrorista en agosto.
La decisión se suma a las designaciones realizadas por Argentina contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, en marzo de 2026, y Los Chone Killers. Al cierre del comunicado, Milei reafirmó el compromiso de su Gobierno de combatir a las organizaciones que, según el Ejecutivo, utilizan la violencia, la extorsión y el terror como herramientas criminales.