La Fiscalía acusó ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado por presuntas irregularidades en un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita. El proceso está relacionado con las etapas precontractual, contractual y de ejecución de la obra.
Durante la audiencia, un fiscal delegado ante el alto tribunal le atribuyó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La investigación se refiere a decisiones tomadas a partir de 2021, cuando se habría ordenado la compra de un lote por COP 551 millones.
Según la Fiscalía, un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido dificultades del terreno por la presencia de fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas con vigencia de 30 años. Pese a esas advertencias, el 7 de diciembre de 2022 el secretario de Infraestructura suscribió el contrato por delegación directa del gobernador.
Un contrato con estudios y recursos incompletos
El contrato fue firmado por COP 15.280 millones, sin estudios y diseños completos ni licencias ambientales. Además, el presupuesto no contemplaba todas las obras necesarias. Las cláusulas establecían que el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir los costos correspondientes.
En octubre de 2023, el contratista solicitó una adición de COP 6.500 millones por falta de recursos. La petición fue aprobada y, con el primer desembolso de COP 3.339 millones, se compró el lote, se ejecutaron trabajos preliminares y se adelantaron movimientos de tierra.
La obra fue suspendida en febrero de 2024 porque, según la investigación, las construcciones realizadas tendrían que ser demolidas por razones ambientales. La Fiscalía también sostiene que la planeación no habría incluido los recursos para la planta docente ni comprobado la existencia de estudiantes suficientes para ocupar las aulas.
El ente investigador señaló además que en la zona ya existía un colegio con 10 sedes distribuidas en distintas veredas. Por las presuntas irregularidades del proyecto, la Fiscalía estima que se habría causado un detrimento patrimonial de COP 3.339 millones.