El Presupuesto General de la Nación para 2027 pasó de $575 billones a $635 billones, tras la propuesta que radicó el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, después de que el Congreso devolviera el proyecto inicial. El incremento del 10,4 % convierte la cifra en la mayor desde 2019 y abre un debate fiscal que puede definir el margen del país para cumplir obligaciones, invertir y sostener el crecimiento económico.
El proyecto aún no está aprobado. Las comisiones económicas deben definir el monto definitivo antes del 15 de septiembre, el primer debate debe quedar listo antes del 25 del mismo mes y las plenarias arrancarían el 1 de octubre. La fecha límite es la medianoche del 20 de octubre: si el Congreso no expide el presupuesto para entonces, el Gobierno tendría que hacerlo por decreto.
¿Qué encontró el nuevo Gobierno en las cuentas?
Para Giovanni Hernández, economista de la Universidad de La Sabana, un ajuste de esa magnitud es técnicamente viable durante el trámite presupuestal, pero la explicación más probable tiene que ver con la transición entre gobiernos. "Lo que pudo haber pasado es que malos procesos de transición entre los dos gobiernos hicieron que, al revisar cómo estaba realmente el país en materia fiscal, el nuevo gobierno tuviera que ajustarlo así", señaló.
Según Hernández, el nuevo administrador probablemente encontró compromisos previamente adquiridos —contratos y proyectos— que dificultan reducir el gasto en el corto plazo. "Muy seguramente encontró contratos y proyectos ya amarrados que dificultaban cumplir la bandera de austeridad", agregó.
El dilema entre deuda, impuestos e inversión
Un presupuesto más elevado implica mayores necesidades de financiación, y la tensión entre pagar deuda y destinar recursos a inversión es uno de los nudos del debate. "Si tú vas a pagar deuda y vas a recortar en inversión a futuro, claramente no vas a tener el oxígeno para crecer y te puedes estancar", explicó Hernández. Pero al mismo tiempo, un Estado altamente endeudado no puede dejar de cumplir sus obligaciones: "Si tú recibes un gobierno superendeudado, necesitas honrar la deuda de alguna manera, no puedes entrar en default".
Hernández plantea que las tres fuentes tradicionales para financiar al Estado —impuestos, deuda y venta de activos— tienen costos distintos. Vender empresas estatales genera recursos inmediatos pero implica renunciar a ingresos futuros. Una reforma tributaria demasiado fuerte puede golpear la actividad económica. Su propuesta es una combinación: una reforma tributaria moderada complementada con endeudamiento de largo plazo.
Sobre la calificación crediticia del país, el economista considera que el riesgo no está determinado por el tamaño del presupuesto en sí, sino por la estrategia que lo acompañe. "Si se hace una muy buena comunicación y se dice: 'Necesitamos este adicional para estabilizar el país tras los resultados del gobierno anterior', creo que no vamos a tener ningún problema con la calificación crediticia", sostuvo. Incluso planteó que una estrategia fiscal creíble podría abrir la puerta a una mejora en la percepción sobre Colombia.