La Fiscalía de Perú archivó la investigación por las esterilizaciones presuntamente forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000. La decisión se tomó en aplicación de la Ley 32107, que impide calificar como delitos de lesa humanidad los hechos cometidos antes de 2002.
El expediente incluía los casos de 4.172 personas sometidas presuntamente a ligaduras de trompas o vasectomías sin consentimiento previo, libre e informado, dentro del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. La investigación también relacionaba las intervenciones con al menos cinco muertes.
Entre los investigados estaba Fujimori, quien murió en 2024, además de varios exministros de su gobierno. Uno de ellos es Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y actual senador fujimorista.
La Fiscalía reconoció indicios de esterilizaciones forzadas
En la resolución, el fiscal sostuvo que existen elementos que apuntan a delitos de lesiones graves y muertes derivados de intervenciones practicadas sin consentimiento válido. También afirmó que fueron identificados presuntos autores mediatos y directos.
El funcionario explicó que la acción penal quedó extinguida por la norma promovida desde el Congreso por el fujimorismo. Según su resolución, la ley no permite configurar los hechos como delitos de lesa humanidad, aunque esa conclusión no desconoce la gravedad de lo ocurrido ni las afectaciones documentadas.
El fiscal añadió que las esterilizaciones investigadas reúnen los elementos de un crimen de lesa humanidad conforme al derecho penal internacional, pero señaló que debía respetar la legislación y la jurisprudencia nacionales.
La sentencia de la Corte IDH sobre Celia Ramos
La decisión coincidió con la publicación, por parte de la Cancillería peruana, de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Celia Ramos Durand, reconocida como la primera víctima mortal de este programa.
La Corte declaró responsable internacionalmente al Estado peruano por la muerte de Ramos y ordenó avanzar en la investigación, sancionar a los responsables, fortalecer las reglas sobre consentimiento informado y establecer políticas de reparación para las víctimas.
El fallo indicó que el programa derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas de ellas bajo coacción o sin consentimiento válido, con un impacto especialmente fuerte en mujeres indígenas y en situación de pobreza o pobreza extrema.