El Ministerio de Educación confirmó este domingo el fin del contrato con Fiduprevisora, la fiduciaria que administra los recursos del FOMAG, el fondo que reúne los dineros de pensión, cesantías y cotizaciones de los maestros de Colombia.
La cartera explicó que la decisión se tomó tras un análisis que identificó “graves dificultades en la operación del Fondo”, profundizadas con el modelo del Gobierno anterior, y que han afectado el acceso de los docentes y sus familias a los servicios de salud y al cobro oportuno de sus prestaciones económicas.
Con la liquidación del contrato, Mineducación inicia la búsqueda de una nueva entidad fiduciaria que continúe la administración de los recursos. En el camino, la continuidad del servicio médico y el reconocimiento de las prestaciones quedaron como lo más delicado a proteger.
Irregularidades documentadas antes de la decisión
Los reportes de los entes de control ya señalaban los problemas. Una auditoría financiera de la Contraloría al FOMAG, publicada en junio de este año, halló un presunto daño patrimonial de más de $133.000 millones derivado del pago de servicios médico-asistenciales represados. También detectó un detrimento de $27.982 millones por el pago irregular de la prima de mitad de año y $419 millones de mesadas pensionales entregadas a 32 docentes o beneficiarios ya fallecidos.
Al panorama se suma la presión judicial. La entidad, según el reporte del ministerio, tenía más de 30.000 procesos en su contra a marzo del 2026, de los cuales 12.905 se debían al pago tardío de cesantías y otros 4.900 al reconocimiento de pensiones.
En salud el cuadro era similar. La red contratada no estaba consolidada: de 8.311 sedes inscritas, solo 1.719 contaban con carta de aceptación y existían territorios sin cobertura. Entre el 92 % y el 96 % de las quejas mensuales de los docentes se referían a barreras de acceso a los servicios de salud.
Decisión que venía desde el gobierno Petro
Aunque el anuncio llegó con la administración actual, la ruptura con la fiduciaria ya estaba barajada en el gobierno de Gustavo Petro. El exministro de Educación Daniel Rojas confirmó que durante su gestión tomó la decisión de no prorrogar el contrato y que el 31 de julio de 2026 le comunicó a la entonces presidenta de Fiduprevisora que la extensión sería hasta el 31 de agosto.
“Es una decisión necesaria para proteger la salud y las prestaciones del magisterio”, sostuvo Rojas. En esa comunicación documentó incumplimientos como el represamiento de más de 5.000 solicitudes pensionales y el riesgo de pagos indebidos. Lamentó que entre su aviso y la decisión de hoy hayan transcurrido 91 días, pese a que la información fue remitida en los informes de empalme.
Desde Fecode, gremio que agrupa a los maestros, tampoco la movida sorprendió. “La discusión sobre terminar el contrato ha sido histórica”, comentó Martha Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo del gremio, quien recounted hallazgos previos de irregularidades en el pago de prestaciones.
A Alfonso le preocupa un escenario adicional: que al liquidar el contrato no queden responsables por las denuncias acumuladas. Su temor, dijo, es que en la búsqueda de la nueva fiduciaria no se garanticen los derechos prestacionales de los maestros ni la atención en salud que ellos ya esperan.