Unos 500 indígenas del pueblo Emberá Dobidá abandonaron este domingo 1 de noviembre la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí (Chocó). La Defensoría del Pueblo atribuyó la salida al temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados del Eln y el Clan del Golfo en la zona.
Entre las personas desplazadas hay niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. La comunidad permaneció los primeros días en Jurubirá, una comunidad afrodescendiente, y el 3 de noviembre logró llegar a la cabecera municipal de Nuquí, donde permanece alojada en el coliseo.
El desplazamiento ocurre días después del hallazgo de dos personas asesinadas y del presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el líder indígena Ramiro Forastero y su hijo, Elmer Forastero, fueron secuestrados el 24 de octubre y sus cuerpos aparecieron el 28 del mismo mes.
Forastero se había desempeñado como gobernador del territorio indígena de Villa Nueva Jurubidá. Indepaz registró su muerte como el asesinato número 132 de un líder social en lo que va del año. La Defensoría, además, advirtió dos días antes de la salida de la comunidad, mediante un oficio de consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 9 de 2024, que las condiciones de seguridad en la zona se estaban agravando.
Lo que pide la Defensoría
La entidad hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que actúen de manera articulada. Solicitó garantizar una atención humanitaria inmediata a las familias desplazadas — alimentación, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno, con enfoque étnico y diferencial — y coordinar el transporte fluvial y las medidas de protección para un traslado seguro cuando las condiciones lo permitan.
La Defensoría advirtió, además, que el escenario podría extenderse: la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, estaría evaluando también salir ante la inseguridad. Exigió medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en sus territorios, en especial esa, y recordó que la disputa territorial genera confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas y riesgos de reclutamiento de menores.